Bolivia denuncia a carabineros en la OEA y ante la justicia de Chile

Bolivia recupera la ofensiva en el caso de los siete aduaneros y dos militares detenidos en Chile desde el 19 marzo. Ayer combinó acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la justicia chilena. Consiguió arrancar una declaración favorable por parte del presidente en ejercicio del Consejo de la OEA y, en paralelo, presentó una demanda en un juzgado trasandino que llevará a los captores de los bolivianos al banquillo de los acusados.

P U B L I C I D A D 
 

La querella
Antes de viajar a Washington, sede de la OEA, el Gobierno boliviano había desplegado su estrategia en Chile. Allí inició una querella contra carabineros por el delito de lesiones gravísimas contra los nueve funcionarios que fueron detenidos en la frontera el 19 de marzo. El proceso se abrió hace una semana en el juzgado de Pozo Almonte y se basa en las declaraciones de los afectados. El abogado chileno Claudio Vila quiere llevar adelante el caso. 

“Yo tengo muchas ganas de representar a los ‘nueve’ en el proceso que se está iniciando por las lesiones, por las amenazas que recibieron por parte de carabineros de Chile y de civiles. Eso se debe seguir investigando, es una causa paralela y ellos (los detenidos) ya declararon como víctimas", destacó Vila. 

El jurista calificó de “nefasto" el actuar de carabineros de Chile y hasta los tildó de “cómplices" por el delito de contrabando. “Es una vergüenza esa actuación, dejar pasar contrabando y luego detener a quienes combaten el contrabando”, dijo. 

Los nueve funcionarios bolivianos se encuentran en la prisión de Alto Hospicio y el 20 de este mes estarán nuevamente ante el juez para determinar su situación. Para ese momento se habrán cumplido 93 días desde su detención y la ley chilena prevé un máximo de 120 días para la detención preventiva, por lo que si no se resuelve el conflicto antes de la audiencia, los bolivianos al menos pueden beneficiarse con el arresto domiciliario.

La vía internacional
La sesión del Consejo Permanente de la OEA fue tensa, llena de acusaciones y réplicas entre los representantes de Bolivia, el canciller Fernando Huanacuni, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, con el embajador trasandino, Juan Aníbal Barría. El resto de los embajadores se dedicaron a observar, sin intervenir. El único que exhortó al diálogo al final fue Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, presidente en ejercicio del Consejo.

Huanacuni comenzó la exposición calificando de injusta la detención de los nueve bolivianos. Explicó que los siete aduaneros y los dos militares estaban en la frontera luchando contra el delito trasnacional del contrabando, que fueron apresados con violencia excesiva, que fueron víctimas de hostigamiento, de amedrentamiento y que incluyó los disparos y que toda la acción desarrollada por carabineros de Chile tiene serios indicios de tortura. 

Luego consideró que la convivencia entre los dos países debe ser pacífica, aseguró que Bolivia ha intentado abrir canales de diálogo y de concertación, pero que ha recibido de Chile un permanente bloqueo y la imposición de visas contra cualquier autoridad boliviana que pretenda visitar al vecino país. “Ya es tiempo de que liberen a los nueve bolivianos injustamente detenidos”, concluyó el canciller. 

La réplica
Barría, diplomático de hablar sereno y pelo entrecano, descartó las denuncias de Huanacuni. Negó que los bolivianos hayan sido detenidos de forma indebida, que se los discrimine por razones de nacionalidad y expuso que en Chile viven miles de bolivianos perfectamente adaptados e integrados a la sociedad mapochina, a los que no se les viola ningún derecho ni se los discrimina. También aseguró que hay centenares de estudiantes, incluso con becas del Estado chileno, y que las inversiones de sus connacionales crecen cada vez más en Bolivia. Luego de eso, mantuvo el discurso que su país ha manejado desde el 19 de marzo: esperar a que la justicia se pronuncie. “Estas afirmaciones no son retóricas, a Chile se le conoce por respetar los tratados internacionales y los derechos humanos. Chile no usa ni usará estos foros para lanzar estas ofensas, para utilizar un discurso agresivo en contra de otros estados miembros”, retrucó. 

Arce, que es abogado y no diplomático, fue más directo que Huanacuni. El ministro de Justicia rechazó la acusación de Barría de que la queja de Bolivia estaba basada en falsedades. Mostró fotos de la detención de los bolivianos y las heridas causadas por los carabineros. 

Luego engarzó una serie de preguntas: “Es necesario encañonar a los oficiales de un país amigo cuando están en un incidente de frontera. Es necesario tirarlos al suelo, ponerles la boca contra el piso, cargar las armas de fuego, disparar a la derecha y a la izquierda, ¿eso es respetar los derechos de las personas?”. Luego aclaró que de esta forma no se trata ni siquiera a delincuentes comunes y cedió la dúplica al representante chileno.

Menos sereno, Barría comenzó a elevar la voz a la medida que avanzaba en su discurso. “Chile no va a aceptar que en este foro, ni en ningún otro foro internacional, se ventile un caso judicial que se está llevando en nuestros estrados judiciales”, dijo Barría, alzando la voz. 

Allí intervino Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste y dio a Bolivia la victoria simbólica que fue a buscar: una declaración del Consejo. El haitiano pidió a ambos países usar los mecanismos de diálogo y la diplomacia para resolver la situación de la manera más rápida posible. De esta forma dio la razón a Bolivia, que siempre defendió que se trataba de un incidente de frontera, un caso que se debe resolver por vía diplomática y no de un problema judicial, como lo defiende Chile. 

Le recuerdan a alcaldesa chilena que no se pide visa
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que no se tiene por qué impedir el ingreso de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a un supuesto encuentro con su homólogo cochabambino José María Leyes.

Tras declaraciones de la chilena, que hace un año mandó a callar al presidente Evo Morales y pidió ser poco hospitalarios con una comitiva boliviana, la ministra de Comunicación, Gísela López, aseguró que es Chile y no Bolivia el país que ha impuesto una visa para que las autoridades ingresen a su territorio, por lo que Rojo puede venir al país sin que nadie se lo impida.

La ministra puso en duda que algún político haya invitado a la alcaldesa. “El alcalde de Cochabamba fue claro al decir que no hubo una invitación”, agregó López.

Rojo había asegurado que en Bolivia se había instaurado una dictadura por no dejarla venir y que tenía invitación de tres congresistas nacionales./El Deber
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