La red de Quispe se extiende a jueces, policías y familiares

Comenzó con un solo nombre, aunque quienes lo denunciaban ya decían que no era posible que operara sin apoyo. Poco a poco las investigaciones se ampliaron a otras personas vinculadas al exfiscal Humberto Quispe y así la red se extendió a un juez, fiscales, policías e incluso, recientemente, a sus familiares. 
 
En enero de 2015 se hizo pública una de las primeras denuncias contra el exfuncionario quien fue acusado de planear el robo al domicilio de José Luis Cuenca, de donde se llevaron una vagoneta, 200 mil dólares en joyas y 300 mil bolivianos. Después se conoció el caso de la abogada Carmiña Luna, a quien en 2012 le  montaron un proceso para quedarse con un departamento en la zona de  San Pedro. 
 
Después de esto las investigaciones por los casos montados no se quedaron con Quispe, sino que se ampliaron al investigador Javier Quispe, al entonces jefe operativo del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE), Erick Gómez, y a John, un informante de ese grupo.
 
Resultó que eran varias las víctimas y en sus historias tenían como factor común los procesos montados. Al parecer Quispe y dos grupos de Inteligencia de la Policía operaban    recurrentemente de esta forma. 
 
Fue así que el Ministerio Público también investigó a efectivos del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP);  exjefes de este grupo fueron llamados a declarar para que aclaren cómo trabajaban con el exfiscal y las contradicciones saltaron a la vista. Uno de los nombres que figura en varios casos montados por Quispe es el del exjefe operativo del CEIP, Franz Chávez.
 
Un falso abogado
 
En  2013  el notario Luis Fernández fue arrestado  por el exfiscal y efectivos del CEIP. Se lo acusó por falsedad y lo mandaron a prisión. En el proceso se presentó Santos Coro, un supuesto abogado asistente de Quispe,  quien  pidió un soborno al detenido para extinguir el proceso en su contra. 
 
Fernández pagó 28.000 dólares, pero sin resultados. El proceso  contra él continuó y nunca recuperó el dinero.
 
 Coro también apareció en 2014 para extorsionar a Máximo Velásquez, a quien Quispe detuvo con apoyo del CEIP y lo acusó primero de asesinato y después de falsedad. Le extorsionaron 1.800 dólares y pretendían obligarlo a entregar propiedades.
 
En septiembre de 2014 Coro se convirtió en asistente del fiscal Carlos Andrade, éste a su vez reemplazó a Quispe en su puesto de la zona Sur. Pasó el tiempo y fue el mismo Andrade quien en 2015 investigó a su antecesor (quien ya había sido destituido) por el robo a José Luis Cuenca. 
 
No obstante, se denunció que el fiscal favoreció al investigado. Andrade fue destituido y Coro encarcelado, pues se descubrió que su título era falso.
 
Consorcio y lavado
  
En octubre de 2016 se aprehendió al abogado Blady Choquetilla y al fiscal Sergio Bustillos por estar vinculados en un presunto consorcio para favorecer a Quispe en el caso de Cuenca. Junto a los aprehendidos también es investigado el juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, de quien se sospecha habría intercedido para alcanzar el favor.
 
Por esas mismas fechas se inició otra investigación contra el exfiscal, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas. Se pensó que con tantos operativos montados reunió un gran botín repartido entre palos blancos.
 
Por  lavado de dinero la esposa de Quispe, Hilda Limachi, recién fue enviada a prisión  por  indicios de que escondió la transferencia por 155 mil dólares de un inmueble que su esposo tenía en Mallasilla. 
 
Tres años antes (2013) Limachi denunció que sufrió un robo en ese inmueble. Quispe, su futuro esposo, se encargó del caso sin registrarlo en el sistema. Dos días después del "robo” Franz Chávez, del CEIP, atrapó a unos delincuentes con objetos de valor y al día siguiente el investigador Javier Quispe le entregó dinero, relojes y equipos que le habían robado a la supuesta víctima.
 
El supuesto robo con un número de caso inexistente estuvo bajo el control del juez Rojas y cuando Quispe se casó,  el fiscal que se encargó de presentar la acusación formal fue Andrade.
 
Por el  lavado de dinero, la Fiscalía ahora investiga por este ilícito no sólo a Quispe y Limachi, sino también al padre del primero, a la madre de la segunda, al falso abogado Coro y Chávez, el exjefe del CEIP.
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 El vocal Ganam y un fallo para COTEL

A principios de 2016 se destapó otro caso de consorcio de jueces, fiscales y abogados que involucró a 16 personas en total.

La Fiscalía descubrió que autoridades de Órgano Judicial torcían fallos en favor del mejor postor, en este caso de los representantes de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL). 

Por ello fueron detenidos el vocal Fernando Ganam, quien habría negociado un fallo favorable a COTEL con el abogado Milton Mendoza y el representante de la cooperativa Fabián Guillén. 
Además de ellos se detuvo a las juezas Lía Cardozo y Jaqueline Tintaya, al fiscal Carlos Hugo Rivera, a la secretaria Yasmila Arancibia y otros abogados.
 
Un juez filmado al pedir un soborno

A fines de 2015 una mujer filmó con una cámara escondida en sus lentes cómo un juez y su secretaria le pedían 15.000 dólares para favorecer a su hijo en un proceso por violación.  
 
Los tres jueces del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción: Marcelo Barrientos (que fue filmado), Jorge Viscarra y René Escobar fueron investigados por consorcio y extorsión.
 
Las pesquisas también se extendieron a la secretaria Micaela Alí, quien revisó por orden de Barrientos que la víctima de la extorsión no estuviera grabando la conversación. 
Este caso de corrupción también salpicó al exfiscal Félix Marín, quien fue destituido tras el escándalo./Página Siete