Los abogados a los que China teme casi tanto como a Liu Xiaobo

El célebre abogado de derechos humanos chino Li Heping por fin regresó a casa en mayo. Había pasado 22 meses detenido como sospechoso de “subversión contra el Estado”. Su mujer, Wang Qiaoling, no le reconoció al principio. La hija de ambos, tampoco. “Creí que era algún amigo que le acompañaba. Parecía uno de aquellos presos liberados de un campo nazi”, recuerda la esposa. En los huesos, exangüe, con el pelo casi completamente blanco, era una sombra del otrora elegante letrado, de cabello negro azabache y que jamás dejaba de aparecer en público vestido de chaqueta y corbata.


El régimen chino ha dejado claro que no está dispuesto a transigir con aquellos que considera una amenaza para la estabilidad. El premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, el hombre al que Pekín percibe como su enemigo político número uno y condenado a 11 años de cárcel por subversión, murió este jueves bajo custodia sin que el Gobierno le permitiera viajar y morir en el extranjero, como deseaban el disidente y su familia. Liu era el más prominente pero no el único. El profesor Ilham Tohti, defensor de los derechos de los uigures (una minoría de musulmanes), cumple condena a cadena perpetua desde 2014 en una cárcel de Xinjiang. Y esta semana se ha cumplido el segundo aniversario de su amplia campaña contra los abogados de derechos humanos, incluido el ahora encanecido Li Heping.

Más de 300 activistas, especialistas en derecho o representantes religiosos fueron detenidos en lo que se conoce en China como la campaña 709, por el 9 de julio, el día de 2015 en que comenzaron los arrestos. Aunque la mayoría han sido gradualmente excarcelados, cinco aún no han recuperado la libertad: dos aún están en prisión. Dos más se encuentran a la espera de juicio. Del quinto, Wang Quanzhang, no ha habido noticia alguna en dos años. Muchos de los que han vuelto han denunciado torturas y sufren problemas de salud. E incluso tras su puesta en libertad, continúa el hostigamiento de las autoridades, que les impide desarrollar una vida normal.

Li Heping, condenado a tres años de cárcel en abril y en libertad condicional desde el mes siguiente, era uno de los más prominentes. Cristiano practicante, al frente de la firma Feng Rui, a lo largo de 15 años asumió la defensa de activistas políticos y medioambientales, practicantes de la secta Falun Gong y el célebre disidente ciego Chen Guangcheng, exiliado ahora en EEUU. Fue detenido el 10 de julio de 2015.

“Los primeros seis meses fueron los peores. Sí, le torturaron. No le dejaban dormir. Le obligaban a permanecer inmóvil durante 12, 15 horas seguidas, sentado o en posturas forzadas. Si se movía, le castigaban terriblemente. Hasta durmiendo tenía que estar inmóvil, o le despertaban. Le encadenaron de pies y manos, obligándole a estar encogido. Pero, sobre todo, le obligaron a tomar un medicamento. Un hombre de bata blanca vino y le dijo que tenía tensión alta. ¡Pero él nunca ha tenido presión alta! Aquella medicina, que nunca hemos sabido qué era, le causó visión borrosa y mucho dolor muscular. Al salir, los amigos le preguntaban, Heping, ¿podías leer en la cárcel? Él les contestaba que no podía, las medicinas le habían alterado la vista”, cuenta su esposa.

Las detenciones de estos profesionales “han tenido un efecto paralizante sobre las ONG y otros grupos” del tejido social chino, opina en conversación telefónica el abogado y activista Teng Biao, exiliado en Estados Unidos. Teng recalca que la campaña contra los abogados ha coincidido con la aprobación de una serie de leyes, desde ciberseguridad a la lucha contra el terrorismo, que buscan un creciente control sobre la ciudadanía.

En el ánimo del liderazgo chino están muy presentes acontecimientos históricos como la caída de la Unión Soviética o los alzamientos populares de la Primavera Árabe. Pekín quiere evitar a toda costa ese tipo de escenas en su territorio. Y a ojos de las autoridades, puntualiza uno de los letrados que intentó defenderlos, los abogados, como defensores de quienes reclaman sus derechos y protestan contra los abusos, “representan un desafío directo a los líderes”. Aunque simplemente se limiten a exigir justicia con la ley en la mano.

Li, que aún hoy sufre de descalcificación por falta de luz solar durante su detención, no es el único que ha sufrido torturas. El abogado Xie Yang, otro miembro del colectivo, denunciaba a través de su abogado en enero palizas, posiciones forzosas y privación constante de sueño. El hermano de Li Heping, Li Qunfu, también empleado en la firma Feng Rui, regresó poco antes que él, en un estado mucho más deplorable: “Al principio tenía episodios de esquizofrenia. Tenía mucho miedo, gritaba que teníamos que estar siempre dentro de la zona de vigilancia”. Volvió con fracturas en las rodillas y la cadera, y el páncreas castigado: “Tiene un carácter mucho más testarudo. Exigió que los guardias le hablaran con respeto… Se lo llevaron a la habitación de las calderas y empezaron a pegarle”, cuenta Wang, su cuñada, una mujer risueña y extrovertida que, admite, en otros tiempos nunca imaginó que cambiaría su papel de ama de casa por el de líder de una campaña para liberar a su marido y sus colegas.

Sin embargo, Wang Qiaoling insiste en que continuará su activismo hasta que el último de los detenidos haya regresado a casa.

Y al colectivo de abogados especialistas en derechos humanos se siguen sumando jóvenes interesados en defender la justicia. Aquellos aún capaces de ejercer continuarán aceptando casos difíciles. Pese a las presiones, el panorama aún arroja esperanzas para esta profesión. Según sostiene el exiliado Teng Biao, “saben los riesgos. Son conscientes de que existe la posibilidad de presiones, hostigamiento, la cárcel. Pero si no seguimos nuestros principios, nuestra conciencia, si no luchamos por los derechos humanos y la libertad, el coste será muy alto”.

EN LIBERTAD PERO NO LIBRES
MACARENA VIDAL LIY
Siempre sospechosos incluso después de su puesta en libertad, los detenidos aún no son libres ni pueden integrarse en la sociedad. No solo es improbable que se les permita volver a ejercer. Wang Qiaoling denuncia que ya se ha visto obligada a cambiarse dos veces de casa, después de que su casero recibiera presiones para echarla. “Han instalado una cámara delante de la puerta; hay gente constantemente vigilando la entrada para saber quién entra y quién sale. Cuando salgo siempre me sigue alguien”, cuenta. Su esposo ha recibido instrucciones de no hablar con la prensa, especialmente la extranjera.

Li Wenzu, la esposa del desaparecido Wang Quanzhang, se encuentra en condiciones similares. Ha debido mudarse en varias ocasiones, y a su hijo se le deniega plaza en guarderías públicas o privadas. Wang Yu, la abogada cuya desaparición supuso el comienzo de la campaña, está en arresto domiciliario junto a su esposo y su hijo en su hogar ancestral de Mongolia Interior./El País (Esp)
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