EEUU corta fondos a ciudades santuario

Washington | EFE
El Gobierno de EEUU anunció en julio pasado que los entes locales que quieran acceder a los fondos de un programa de ayudas del Departamento de Justicia deberán cumplir con normas destinadas a acabar con las “ciudades santuario”, las que protegen a los inmigrantes de la deportación.

En primer lugar, las autoridades locales deberán abrir sus cárceles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y también deberán notificar con 48 horas de antelación de la puesta en liberad de cualquier persona indocumentada bajo custodia.

“Para alcanzar la máxima prioridad del Departamento de Justicia de reducir los delitos violentos, debemos alentar a estas jurisdicciones ‘santuario’ a cambiar sus políticas”, dijo el fiscal general, Jeff Sessions, en un comunicado. El programa de ayudas Byrne JAG reparte unos 375 millones de dólares anuales destinados a personal, equipos u entrenamiento.

La orden del Departamento de Justicia podría afectar a unas 200 entidades locales conocidas como “ciudades santuario”, que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen las grandes urbes del país, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.

El presidente EEUU, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca con la promesa de acabar con las “ciudades santuario” y cortarles el acceso a todos los fondos del Gobierno, pero la iniciativa está bloqueada en los tribunales.

Sin embargo, los congresistas demócratas propondrán otorgar un estatus legal permanente a cientos de inmigrantes indocumentados que ayudaron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Según un comunicado de su oficina, el presidente del Caucus demócrata de la Cámara de Representantes y congresista por Nueva York, Joseph Crowley, presentará la semana que viene una legislación para que todos los que trabajaron y colaboraron en las secuelas del 11-S en Nueva York consigan la tarjeta de residente permanente.