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La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias, se declaró en alerta porque de aprobarse y aplicarse el artículo 200 del proyecto del Código del Sistema Penal a periodistas y comunicadores vulneraría derechos e impondría la autocensura.

En un pronunciamiento, la institución expresó que el artículo cuestionado proyecta sanción por “imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio” de una profesión con “funestas” consecuencias para el ejercicio periodístico.

La redacción del artículo fue resultado de una negociación entre la representación de los médicos y los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, Alberto Gonzales. En la negociación se pactó que la sanción por negligencia no solo afecte al profesional médico sino al resto de profesionales.

Para la organización su aplicación a la prensa “tendría consecuencias funestas en el campo periodístico donde se impondría la autocensura, mientras todos los ciudadanos de Bolivia estarían sujetos a una censura previa en la difusión de ideas y opiniones”.

Ven un “retroceso histórico que sancionaría al pensamiento renovador y el avance de la propia ciencia”. Además advierte que la difusión de noticias y opiniones a través de medios masivos no puede ser penalizada con sanciones económicas, administrativas o con privación de libertad porque vulneraría derechos universales.

La actual legislación establece que los periodistas pueden ser juzgados por un Tribunal Especial y no uno ordinario, pero además la Carta Magna “garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

“La ANP recuerda a los legisladores un principio elemental en la aplicación de normas: La Constitución está en un rango superior al Código Penal que proyectan”, sostiene la organización y anuncia que denunciará “este nuevo atropello al trabajo periodístico ante instancias internacionales y se mantendrá vigilante”.

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