Cada magistrado elegido costará al país Bs 2,4 millones

Beatriz Layme  / La Paz
De los 96 candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, sólo 52 serán elegidos  como nuevos magistrados (26  titulares y 26 suplentes). Cada una de estas autoridades judiciales -según un cálculo-  le costará al país 2,4 millones de bolivianos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en junio, definió un presupuesto de 125.006.375 de bolivianos para las elecciones judiciales.  Si se divide esa cantidad por  los magistrados elegidos, el resultado es que por cada uno se invertirán  más de 2,4 millones de bolivianos.  
El diputado Amílcar Barral calificó de "gasto insulso”,  pues considera que las elecciones judiciales "son manipuladas” debido a que los 96 candidatos a altos cargos judiciales fueron seleccionados en la Asamblea  por legisladores del MAS,  y que el 3 de diciembre serán los militantes de base del partido de Gobierno quienes emitirán su voto para dar legalidad al proceso. 

"Nos parece un total despropósito el gasto insulso que se hará en estas elecciones ilegales y manipuladas. Todos esos nuevos magistrados, que costaran millones a los bolivianos, serán ilegítimos al ser totalmente parcializados y al servicio del Gobierno;  nuestro país tiene tantas otras prioridades como para gastar tanto dinero en una elección y designaciones amañadas por el MAS”, señaló Barral.
El 3 de diciembre, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos magistrados  judiciales: tres para el Consejo de la Magistratura, cinco para el Tribunal Agroambiental, nueve para el Tribunal Supremo de Justicia y similar cantidad para el Tribunal Constitucional. 

En los primeros comicios judiciales de 2011, cada uno de  los  magistrados  electos por voto le costó a la población 1.785.714  de bolivianos.

Punto de  vista
Marco Loayza Cossío,  constitucionalista

¿Pluralismo, queda en letra muerta? 

Los participantes de la Cumbre de Justicia de 2016, respecto al nombramiento de magistrados y consejeros del Órgano Judicial, concluyeron ratificar el voto popular como modalidad de elección al ser una conquista democrática del pueblo boliviano y garantía de independencia de la justicia, lanzando un mandato a la Asamblea Legislativa: elaborar un reglamento con la participación inclusiva de naciones y pueblos indígenas, organizaciones sociales, instituciones académicas.

No obstante, si bien se cumplieron algunos de los preceptos señalados, los legisladores, sin explicación alguna, solamente incluyeron la contribución activa del sistema universitario, como una bondadosa concesión, olvidando su  representatividad y el mandato que el pueblo boliviano les había señalado en cumbre. 

Lo que dejó de lado a amplios sectores de la ciudadanía, que podrían haber aportado positivamente a mejorar el reglamento, que fue observado por varios sectores de la ciudadanía, ya que no garantizó aspectos relevantes como las condiciones éticas, formación humana, honorabilidad, calidad y calidez, vocación, compromiso con los derechos humanos entre varios aspectos. 
En ese sentido, tendremos que cuestionarnos: ¿será que el ejercicio político de la pluralidad y pluralismo se está quedando solamente en la letra muerta de nuestra norma fundamental? Esperemos que no sea así y se retome la construcción de la participación ciudadana a partir de los principios, valores y fundamentos constitucionales.

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