Cataluña escala el desafío a Madrid y arranca la campaña por el referéndum

En un nuevo desafío al Estado español, los independentistas adelantaron hoy por la noche el comienzo de la campaña electoral para el referéndum ilegalizado del primero de octubre próximo. No hubo intervención previa de la justicia para impedir que se realizara el acto que comenzó a las 20 locales en la plaza de toros de Tarragona.

“No nos va a temblar el pulso para actuar contra todos los actos a favor de la consulta anulada por el Tribunal Constitucional. Cualquier acto tendrá su respuesta”, aseguró pocas horas antes la vicepresidenta del gobierno en Madrid, Soraya Saens de Santamaría. “No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum”.

En fuentes próximas a la fiscalía catalana se supo que el ministerio público va a actuar de inmediato para sancionar a los organizadores del acto, los tres partidos principales separatistas y también contra la empresa propietaria de “Tarracon Arena”, donde tuvo lugar el primer acto de campaña. Una acción similar se realizará contra los responsables y propietarios de un acto idéntico que se realizó, simultáneamente, en Badalona.

Ocho mil personas colmaron el aforo de la plaza cerrada y recibieron con gritos de “¡Independencia!”, la llegada del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un sector del público reclamó a gritos la dimisión del alcalde de Tarragona, socialista, quien se ha negado a ceder espacios municipales para que se vote el primero de octubre.

El delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Milló, advirtió horas antes a Puigdemont que cometería un delito si participaba en el acto. El gobierno de Rajoy informó a la empresa responsable del Tarraco Arena que puede ser constitutivo de delito permitir la realización del acto, lo que comportará consecuencias penales.

Millo insistió en que “las órdenes del Fiscal General del Estado son muy claras. Ya se han enviado los requerimientos a l fiscalía. Vamos a garantizar que s cumplirá la ley”. Añadió que habrá actuaciones policiales para impedir iniciativas para cometer un delito como actos de campaña. Están previstos desde ayer hasta el próximo 29 de este mes un millar de mítines electorales por parte de los partidos separatistas y organizaciones independientes, como la poderosa Asociación Nacional Catalana.

Un serio conflicto se planteó cuando el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, rompió un acuerdo que mantenía con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Pidió controlar estrictamente los gastos del gobierno catalán y evitar que esos fondos se utilizaran en actividades a favor del plesbicito. Junqueras quedó obligado a presentar un informe semanal de gastos.

Esta orden fue aprobada por el Consejo de Ministros y requería que ayer mismo se remitiera el correspondiente informe semanal previsto. Junqueras se niega a hacerlo “hasta dentro de un mes”, es decir cuando ya se haya realizado la consulta del primero de octubre. Junqueras justificó su renuencia alegando que se trataba “ de un control político que nada tenía que ver con el objetivo de estabilidad presupuestaria”.

Está previsto que el presidente Mariano Rajoy se desplace a Barcelona a presidir una reunión de la directiva del PP de Cataluña. Se afirma que reiterará que los independentistas catalanes pretenden una ilegalidad, al tiempo que garantizará que hará todo lo necesario para evitarla.

La polémica continúa creciendo. “La actitud del Estado tan agresiva hace que cualquier demócrata no pueda quedarse indiferente. Si hacen escoger entre la democracia y la policía, la opción está clara”, aseguró Ramón Piqué, coordinador de campaña de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), una influyente asociación independentista.

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