Condenan a cuatro responsables por crímenes de lesa humanidad en Argentina

AFP / Buenos Aires
Un tribunal argentino sentenció este lunes a cuatro responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención clandestina Automotores Orletti, un viejo taller mecánico por donde pasaron cientos de secuestrados bajo la ejecución del Plan Cóndor durante los años 70 y 80.

Las penas son de 6 años de prisión para los policías federales Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez, 16 años para el exagente de inteligencia César Enciso y 25 años para José Ferrer, también policía federal, anunció el tribunal en lo Criminal Federal Nº 1 en el juicio oral y público.

Enciso, alias "Pino", había sido extraditado en noviembre 2013 desde Brasil y detenido de manera preventiva tan pronto llegó al país, en el marco de una megacausa que incluía el secuestro de cuatro personas que permanecen desaparecidas, entre ellas dos mujeres santiagueñas secuestradas el 13 de julio de 1976.

Este fue el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos de tareas de Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor en la Argentina, donde secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes de los izquierdistas PRT-ERP y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay.

Las actividades en Orletti estuvieron bajo control de la disuelta central de inteligencia del Estado, SIDE, en coordinación con los ejércitos argentino y uruguayo.

A diferencia de otros condenados por varias acusaciones en su contra por sus crímenes en Orletti, los cuatro acusados de este lunes fueron llevados a juicio por primera vez y conocieron su sentencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Buenos Aires.

Orletti fue un centro clandestino de detención en un antiguo taller mecánico en el oeste de Buenos Aires, donde se torturó a extranjeros secuestrados en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras militares de la década de los 70' en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Pedían penas duras

La querella había solicitado una pena de prisión perpetua para Nerone, Gutiérrez y Ferrer, en tanto pidieron una condena de 24 años para Enciso.

La sentencia del juicio, que comenzó en octubre del año pasado, fue leída por los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer.

Según la investigación del fiscal federal Pablo Ouviña, Nerone y Gutiérrez integraron el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Policía Federal, dedicado a perseguir militantes de países vecinos en el marco del Plan Cóndor.

Eran agentes "especializados en organizaciones políticas latinoamericanas y con larga experiencia en la represión, tanto en la faz de inteligencia como operativa", precisó el fiscal Ouviña durante el alegato.

Tanto Narone como Gutiérrez fueron llevados a juicio por el secuestro de Victoria Grisonas y el asesinato de Mario Roger Julién Cáceres, ambos uruguayos miembros del PVP, que vivían con sus dos hijos pequeños en Buenos Aires.

Madre e hijos estuvieron en Orletti hasta octubre de 1976, de acuerdo a las investigaciones. Los niños fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, en Chile, a fines de 1977, y fueron recuperados por su abuela, según detalló el informe.

Vínculos entre Argentina y Uruguay

José Ferrer, al igual que los demás acusados -menos Enciso- fue sentenciado por "privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y homicidio agravado por alevosía".

Desempeñó un papel en una operación de contrainteligencia contra miembros de la organización guerrillera argentina ERP que culminó con el homicidio de cuatro personas, tres de ellas fueron vistas en Orletti y otra asesinada.

Para el abogado de la secretaría de DDHH, el juicio por Orletti echa luz sobre la complicidad de Argentina y Uruguay en el Plan Cóndor.

"Se pudo probar el estrecho vínculo operacional entre los grupos orgánicos de la SIDE y la Policía Federal, quienes a veces coincidían, pero también mostraban cierta autonomía al momento de producir los delitos aberrantes que se cometieron", afirmó Martín Rico en citas de la prensa local.

En mayo de 2016 se realizó el primer juicio que reconoció la existencia del Plan Cóndor como un sistema criminal e institucionalizado, que preveía tres etapas: la identificación de los opositores, su eliminación o secuestro en los países sudamericanos y finalmente, la neutralización de los exiliados fuera de la región.

El plan se suspendió tras el asesinato de Orlando Letelier, excanciller del presidente chileno Salvador Allende, en Washington en septiembre de 1976, a manos de un exagente de inteligencia de Chile y de la CIA.

Fuente: Página Siete
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