España, ante el vértigo del referendo independentista

AFP / Barcelona
¿Cómo se pudo llegar hasta aquí? La crisis entre los independentistas catalanes y el Gobierno español alcanza mañana  su paroxismo con la celebración de un referendo de autodeterminación prohibido que podría sumir a España en una situación de consecuencias incalculables. 

El desafío lanzado al Estado español no tiene precedente desde la frustrada intentona golpista del 23 de febrero de 1981, afirman líderes políticos españoles de izquierda y derecha. 

El 6 de septiembre los independentistas catalanes convocaron el referendo pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español y sin verdadero debate en el parlamento regional. 

Desde entonces, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros han disuadido a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16% de los habitantes del país, de organizar el plebiscito. 

Frente a la imposición de fuertes multas a sus organizadores, responden con una colecta de fondos entre militantes.

Cuando la Policía confisca sus papeletas de voto, llaman a los ciudadanos a imprimirlas en casa.

Tras el cierre judicial de las webs del referendo, abren otras en el extranjero. Ante la demostración de fuerza de un Estado que despliega a miles de policías hospedados en cruceros anclados en el puerto de Barcelona, los independentistas recurren a la mofa. 

Uno de los barcos está decorado con un dibujo gigante del pájaro Piolín y el gato Silvestre: Cataluña se convierte en el pícaro canario amarillo perseguido sin éxito por el torpe felino.

Las consecuencias de una secesión de Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes con 19% del PIB de España, son incalculables, como las del Brexit, lanzado también por un referéndum en junio de 2016. 

"Es como el Brexit, igual de estúpido”, se lamenta en el tren que la lleva a Barcelona Beatriz Migens, una sevillana de 43 años que vive en Madrid pero pasa dos días por semana en la capital catalana por su trabajo. 

Sobre la independencia, los catalanes están divididos a partes casi iguales... incluso en el seno de algunas familias. Sin embargo, más de 70% de los catalanes quiere que el debate se decida con un referéndum legal, según los sondeos. Pero para el Gobierno es totalmente inaceptable  porque, dice y repite, es contrario a la Constitución.

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