Siete magistrados tienen en sus manos los votos de 2,6 millones

Beatriz Layme  / La Paz
En el  referendo  constitucional de 2016,  2,6 millones de personas ratificaron el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que no establece  una reelección indefinida.  Ir o no en contra de esa decisión está en manos de siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes  decidirán si se respeta el  sufragio  del soberano en el 21F.     

En enero de 2009, después de dos años de trabajo de los asambleístas constitucionales, más de dos  millones de bolivianos aprobaron en referendo la redacción de la nueva CPE, que en su artículo 168 establece que el mandato del Presidente y Vicepresidente es de cinco años y que  pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

En 2016, el MAS buscó reformar el artículo 168 de la CPE para que el Presidente pueda ser reelecto por dos veces continuas. Sin embargo, 2.682.517  electores, el 51,3%, dijo "No” a la reforma parcial de la Carta  Magna. Ese resultado obliga a Morales  a entregar la silla presidencial a su sucesor  en enero de 2020.   

Pese a la decisión del soberano,  que ratificó en dos oportunidades el texto de la CPE,  asambleístas del MAS presentaron el 18 de septiembre ante el TCP un recurso por el cual piden que se declare la "inaplicabilidad” de cuatro artículos de la Constitución. La acción -según el masismo- tiene por objeto restituir derechos ciudadanos y políticos. En caso de  prosperar, Morales y otras autoridades electas podrán habilitarse para  las elecciones de 2019.

El recurso de los legisladores masistas  es una de las cuatro vías que aprobó el congreso nacional del MAS, que se realizó en Montero, Santa Cruz, en diciembre de 2016. Esa  actividad  reunió a 3.000  delegados de las organizaciones sociales afines al Gobierno.

El constitucionalista Arturo Yáñez explicó que el referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa,  por el cual las ciudadanas y los ciudadanos  deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público.

En ese marco, el especialista dijo que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Régimen Electoral, esa consulta  tiene un carácter vinculante,  pues "las decisiones adoptadas mediante referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria”  y que  "las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”.

Yáñez manifestó que los magistrados del TCP "deben hacer prevalecer los derechos de los bolivianos, respetar su voto”  y que el MAS "debe entender que los derechos humanos no fueron concebidos para servirle la mesa al poderoso, sino que  fueron creados para oponer los derechos del ciudadano al poder”. 

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, advirtió  que los magistrados del TCP corren el riesgo de convertirse en "delincuentes” si emiten un fallo que vaya en contra de la voluntad popular,  expresada en el  21F.

"Ojalá, que hacia adelante, el propio Tribunal no emita un fallo que históricamente puede sentar un antecedente muy funesto para el país; pero (además) en lo penal, puede convertirlos a ellos en delincuentes, porque estarían cometiendo el delito de prevaricato y otros”, afirmó Albarracín, reportó ANF.

 El jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, quien presentó al TCP una solicitud de rechazo al pedido del oficialismo, mencionó que el 21 de febrero de 2016 los bolivianos rechazaron la posibilidad de que se cambie la CPE y "ahora el presidente Morales y  el MAS tienen  que respetar los resultados”.

Ayer,  el senador Edwin Rodríguez y el diputado Rafael Quispe plantearon una acción de cumplimiento e instalaron una vigilia en predios del TCP para que  los magistrados respeten  el "No” del 21F .

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