Autonomías. 'Amerita una reforma de la CPE'

Juan Carlos Urenda, uno de los expertos en fijar su mirada profunda en el proceso de descentralización del Estado hacia un sistema autonómico, en contacto con El Día, hace una radiografía de los últimos diez años sobre las autonomías en el país. 
"Autonomías centralizadas", cita el título de su último trabajo intelectual, presentado el pasado jueves.  En dos palabras resuelve que en lugar de avanzar hemos retrocedido en la profundización de la autonomía.

P U B L I C I D A D 
En ese ámbito, el experto nos describe los pormenores de una gesta que, allá por los años 2008 y 2009, pareció alcanzar el sueño anhelado de tener un país autonómico; de pronto, pasado casi diez años, en la práctica resultó siendo una suma de conculcación de derechos y competencias de las autonomías departamentales.
P. ¿Qué evaluación hace sobre el proceso autonómico a menos de nueve años de aquella redacción del Estatuto Autonómico?
J.C.U.: Me parece muy atinada la pregunta porque ahí tengo una opinión que la he venido repitiendo muchísimo que parece que no generó eco. Los estatutos son un candado constitucional muy hábilmente puestos. Como está diseñada la Constitución que establece las competencias con tanto detalle, no era necesario crear estos estatutos (como fue en Beni, Pando Santa Cruz y Tarija). 
P. ¿Se apresuraron los departamentos en su demanda?
J.C.U.: Lo que pasa es que en ese momento, la Asamblea Constituyente estaba por incumplir la demanda de autonomía del referéndum del 2006. Se notaba que no iba a haber autonomía, entonces los departamentos se adelantan a ello y dan la pauta de lo que tendría  que ser. Entonces, la nueva Constitución (de 2009) recoge algunos temas. Por ejemplo, en lo institucional tiene el mismo concepto de gobierno departamental, de asamblea legislativa. Del estatuto cruceño prácticamente copia el texto. El marco conceptual lo interpreta a cabalidad, lo que es un gran avance.  
P. ¿Entonces qué pasó?
J.C.U.:  Lo que ha habido en el país, a través del gobierno, es hacer creer que el secreto, que la llave para la autonomía es: el estatuto que se apruebe; eso no es cierto.  Porque no habiendo competencias autonomizadoras, hacer un estatuto bajo esos parámetros, no tiene sentido. Por ejemplo, se han aprobado dos estatutos departamentales en el país: el de Pando hace tres años y el de Tarija hace dos años. Y esos estatutos no le han puesto, ni le han quitado ni un peso a la autonomía. Es decir se le da tanta esperanza al estatuto que cuando se tiene, resulta que no sirven para nada.
 
P. ¿Y porqué no sirve para nada?

J.C.U.:  Porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un gran centralizador de las autonomías. A diferencia de otros países con autonomía como España, Inglaterra, Italia, donde es el Tribunal Constitucional que va modulando el proceso; en el nuestro, dicha instancia ha reducido todos los estatutos a cero. Entonces estos instrumentos resultan siendo una copia de lo que dice la constitución, cuyo contenido reflejado así no le pone ni le quita nada. En ese sentido el estatuto cruceño va a ser el mismo que Pando y Tarija.
P. ¿Es un falso debate esto de enmendar las observaciones del TCP?
J.C.U.: Sí. Cuando la gente le critica a la gobernación de que no termina de subsanar su estatuto, es un falso debate. Además el Tribunal ya le ha recortado  unos 40 artículos hasta el momento. Cuando lo apruebe, va a ser una victoria pírrica. Es probable que la gobernación por afanes políticos salga a aplaudir pero en los hechos no va a significar nada, como no ha significado para Pando y Tarija. Además por qué tendría que ser distinto  para nosotros,  si al final el Tribunal Constitucional lo limita a cero.
P. ¿Qué hacer ante ese escenario?
J.C.U.: Para reconducir el proceso se necesita modificar la Constitución y, cuando la misma tenga competencias autonómicas, ver si hace falta o no estatutos. Lo que pasa es que la Constitución es extremadamente casuística a diferencia de otras legislaciones donde las competencias son genéricas; en el nuestro van una por una, para cada nivel se precisa tanto detalle que probablemente no se necesiten estatutos.    
P. ¿Era sincera la demanda autonómica de Santa Cruz que llegó a su punto más alto el 2008?
J.C.U.: Sí. A mí me han preguntado cuál es la diferencia entre el proceso catalán y el cruceño. Yo le digo que no hay punto de comparación. El proceso boliviano, de verdad, ni siquiera rompe el Estado unitario, ni siquiera propone un Estado Federal. Es una propuesta intermedia, basada en una desentralización administrativa, política y económica; ahora más que nunca necesaria para el país. 
P. ¿Bolivia vivió 10 años de bonanza. ¿Se desaprovechó en hacer un Pacto Fiscal?
J.C.U.: Se ha desaprovechado los momentos. Es que no hay  voluntad política. Mientras no haya eso, sobre todo del nivel central y un nivel de representación de los gobiernos subnacionales fuertes, con representación parlamentaria fuerte, eso no va a funcionar. Por eso hay que esperar el momento de un cambio de correlación de fuerzas políticas que sea favorable a las autonomías. Por ahora no existe.   
Entonces, es otro falso debate, lo que se viene haciendo, los niveles subnacionales (municipios y gobernaciones), no tienen una sola competencia que fuerce al gobierno central a ceder. Solamente queda rogar e implorar lo que se requiere o se necesite.
P. ¿Entonces, se ha retrocedido?
J.C.U.: De manera significativa. Cada día el nivel central se está imponiendo con un 'centralismo' impresionante. Por ejemplo, antes el gobernador emitía los títulos de bachiller, ahora no, todo lo hace el Ministerio de Educación desde La Paz. Todo fue para atrás. Los sueldos de un portero, de un colegio en San Matías lo sigue pagando el nivel central. Eso es increíble. 
P. ¿Cómo ve al Ministerio de Autonomía reducida a viceministerio?
J.C.U.: Lamentablemente se ocupó de muchas cosas y al final no ha hecho nada, tanto así que el gobierno se ha sincerado y lo cerró. Lo redujo a un viceministerio. Su labor ha distraído y ha generado falsas expectativas. Eso demuestra la escasa voluntad política. Cuando tendría que haber desarrollado autonomía todos los días. 
P. ¿Cuáles serían las bases para la reforma constitucional?
J.C.U.: Lo que destaco es que en la Constitución, en términos de autonomía están sentadas las bases. Hay elementos para la esperanza.  Hay de donde agarrarse para reconducir este proceso. El pueblo boliviano en gran medida ha cedido en ese prejuicio de la autonomía, que antes era vista como sinónimo de independencia. En eso hay un gran avance. Si hay que hacer la reforma, no se debe tocar esa estructura conceptual sino fijar una mejora en las competencias. En lo prioritario se debe enfatizar en temas de salud y educación. En el que tiene que haber de los gobiernos departamentales. No puede ser que desde La Paz se decida qué va a estudiar un niño que estudia en Villazón o San Ignacio de Velasco. Esos temas son inexplicables. 
P. ¿A las  28 competencias que tienen las gobernaciones había que asignar  recursos?
J.C.U.: Evidentemente, ninguna de esas 28 competencias han tenido avances y peor aún cuando no se trata de asignar los recursos que le corresponden. Entonces se necesita mucha voluntad política. 
P. ¿Porqué se cayó tan rápido la fortaleza y la presión autonómica de la región?
J.C.U.: No lo sabré, no lo sabré. Sin duda disminuyeron su presión, no solamente la gobernación de Santa Cruz, sino también de Beni y Pando. Lo que yo reclamo es que al dejar de protestar da la impresión que lo anterior no cierto, no era de convicción. Y eso es lo que se reclama. Lo que ha ganado el pueblo cruceño, el pueblo de Beni, Pando y Tarija es un derecho por modificar las estructuras del Estado, que ahora no están siendo defendidas por las gobernaciones actuales como debieran ser. Si bien es cierto que el nivel central es muy fuerte, pero tendría que haber un testimonio de lucha. Duele que esto esté parado. 
Vía un libro, urenda plantea retos para una autonomía plena
• El libro "Autonomías centralizadas" muestra que en Bolivia no existen las autonomías por las que el pueblo votó en el referéndum nacional del 2 de julio de 2006 y menos en los referéndums departamentales que aprobaron cuatro estatutos el 2008 (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).
• La Constitución vigente establece un régimen de autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas que, en lo estructural, tiene una definición aceptable, rompiendo el clásico estado unitario.
• Pero a la hora de poner en práctica lo establecido en la Constitución, en lo referente a la asignación de tareas, resulta claramente centralizadora, negadora del modelo autonómico, por lo que, en los hechos, en su aplicación, anula la estructura autonómica.
• Además de competencias como educación y salud que son radicalmente centralizadas, en términos de régimen fiscal es mucho más todavía. El nivel central es el que decide qué se recauda, cómo se recauda y cómo se distribuye lo recaudado.  El nivel central se queda con el 80% de las regalías petroleras, el 75% de los impuestos y más de la mitad de los recursos del IDH.
• En las negociaciones del Pacto Fiscal, las ETA (entidades territoriales autónomas), no tienen nomás que otorgar competencias que las favorezcan en la negociación con el nivel central del Estado, que detenta la exclusividad de la totalidad de las competencias fiscales financieras, además de controlar absolutamente todos los órganos e instituciones del Estado.
• Urenda señala que al menos 14 leyes aprobadas y emitidas entre el 2009 y 2017 se constituyen totalmente centralistas. Entre ellas destaca la Ley Marco de Autonomías, aprobada en julio de 2010, no solo que no se aplica, sino que regula 20 competencias exclusivas del nivel central del Estado, ratificando su carácter centralista. "No autonomiza o transfiere absolutamente ninguna competencia", finaliza.
"El trabajo a favor por el referéndum nacional por las autonomías y por la aprobación de estatutos fue extraordinario.  Cuando el gobierno de Evo Morales logra los 2/3 el camino se hace cuesta arriba"

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