Defensoría determina acoso laboral y abusos de parte de la exdirectora del Senarecom

ANF / La Paz
La Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial por un caso de acoso laboral en contra de la exdirectora del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Lourdes Abastoflor, recientemente desvinculada de esta instancia dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia.

El peticionario de la investigación desempeña funciones como responsable de la Unidad de Auditoría Interna del Senarecom desde el año 2014, contra quien desde la gestión 2016, la ex Directora Ejecutiva realizaba actos de abuso de autoridad, malos tratos, llamadas de atención injustificadas.

La resolución también establece que el peticionario solicitó reiteradamente la contratación de personal eventual para el apoyo en auditorías, requerimiento desestimado por supuesta falta de presupuesto, aspecto que habría sido desvirtuado.

La Defensoría del Pueblo tomó declaraciones a ex servidores públicos que dieron fe de la denuncia, reflejaron malos tratos y actos de discriminación hacia otros servidores públicos e incluso el incumplimiento a sentencias constitucionales que ordenaban la reincorporación de tres ex servidores que gozaban de inamovilidad por ser padres progenitores.

La resolución emitida por el defensor del Pueblo, David Tezanos recomienda el inicio de las acciones administrativas y se brinde protección al peticionario, puesto que el acoso tenía como finalidad causar daño a la dignidad, desmotivación y la renuncia o retiro del auditor.

Durante la investigación, también se identificó que el reglamento interno de la entidad establece sanciones en razón a la vestimenta del personal, lo que conculca el derecho a la apariencia y al libre desarrollo de la personalidad, por lo que se recomendó al Directorio del Senarecom , la derogación de los artículos respectivos.

Abastoflor también denunciada hace unos meses por la adquisición de inmuebles aparentemente sobrevaluados. Por ejemplo, un edificio cotizado en 1,2 millones, de bolivianos en sólo dos meses habría duplicado su precio a través de una compra por excepción, donde la Alcaldía de Potosí extendió dos certificados catastrales distintos.

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