Madrid, decidido a impedir declaración unilateral de independencia en Cataluña

AFP
El gobierno español se mostró este lunes decidido a impedir una eventual declaración unilateral de independencia en Cataluña, al día siguiente de un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia y marcado por la violencia policial.

La intensa movilización de las últimas semanas se mantendrá en las calles de Cataluña, con una huelga general convocada este martes en la región por 44 organizaciones, entre ellas los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

Este lunes había dos protestas convocadas en el centro de Barcelona, una de ellas en la plaza Universidad, adonde se dirigían cientos de personas a gritos de "Las calles serán siempre nuestras".

El presidente regional, Carles Puigdemont, se reunió mientras tanto con su gobierno, horas después de afirmar que los catalanes se han "ganado el derecho a tener un Estado independiente", tras la consulta que la justicia española declaró ilegal y la policía trató de impedir.

Una afirmación a la que no tardó en contestar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

"Si alguien pretende declarar la independencia de una parte del territorio respecto de España, como no puede, como no está dentro de sus competencias, habrá que hacer todo lo que la ley permite para impedir que sea así", declaró el ministro a Televisión Española.

El ministro respondía a una pregunta sobre el eventual uso del artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir la autonomía de una región si "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan".

Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reúne por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el del partido centrista Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria.

Hablarán del futuro político inmediato, aunque el diálogo del líder conservador con Barcelona se anuncie muy difícil, tras la lluvia de críticas que ha recibido por las imágenes de la policía cargando contra quienes querían votar en la consulta.

El propio Sánchez manifestó su "profundo desacuerdo con las cargas policiales", mientras que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, una figura emergente de la política catalana, tachó a Rajoy de "cobarde" y pidió su dimisión.

En total, 893 personas tuvieron que recibir asistencia médica por esas cargas. En ellas, los agentes echaron mano de porras, patadas, empujones y pelotas de goma, y llegaron a golpear a bomberos y agentes de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra.

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