Gobernaciones aspiran tener 20% de los ingresos tributarios

De manera silenciosa, la discusión en sus cinco etapas del Pacto Fiscal iniciado hace más de un año está llegando a su punto culminante. Lo medular para alcanzar al resultado final es cómo hacer viable, con equilibrio y sin asimetrías, una nueva estructura de los ingresos de coparticipación tributaria, entre los cinco niveles del Estado: Gobierno central, gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas.  En ese contexto, de 27 miembros que tiene el Comité Técnico que ha llevado adelante el debate en sus 14 sesiones,  solo tres: las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija han presentado su propuestas. Esas instancias subnacionales plantean ser parte  al  menos con el 20% de los ingresos de coparticipación tributaria del país. Dicho margen se restaría del 75% de esos ingresos tributarios que actualmente administra el Estado central.  
A decir de los representantes de la tres gobernaciones, Fabián Yaksic por La Paz, Rubén Ardayas de Tarija y José Luis Parada por Santa Cruz, la situación no deja de ser compleja en un contexto de “vacas flacas”, donde los ingresos cayeron estrepitosamente luego de 10 años de bonanza.
"Casualmente somos tres gobernaciones que no responde al gobierno, los que hemos hecho llegar nuestras propuestas al Consejo Nacional de Autonomías (CNA). En base a ella, se viene haciendo el documento de diagnóstico, que implica el último trabajo previo al resultado final. Tiene que ver las fuentes de los recursos públicos y  las alternativas de financiamiento", informó Yaksic. 
Entre las tres propuestas. De acuerdo a la información proporcionada, por las tres gobernaciones y el silencio de otras,  las propuestas varían en cada una de ellas, pero el espíritu descentralizador es el  mismo.  
Frente a la actual estructura y distribución de los ingresos tributarios “en el destino del gasto”, donde el 75% corresponde al Gobierno central, el 20% a los gobiernos municipales y 5% a las universidades, Santa Cruz propone 50% para el aparato central, 1% para pueblos indígenas, 6% para las universidades, 23% para los municipios y 20% para los gobiernos departamentales. 
En tanto La Paz plantea el 60% para el Gobierno central, las gobernaciones que tengan un incremento del 10%, los municipios  suban de 20 a 25% y las universidades 5%. En cambio, Tarija plantea que el Gobierno central baje al 50% de la coparticipación, las gobernaciones suban al 15%, las municipalidades de 20% a 27% y las universidades del 5% al 7%.
Los tres departamentos, también hemos propuesto que nos devuelvan los recursos que nos confiscan del IDH, prácticamente alcanza al 71% que nos fueron recortados vía diferentes leyes y decretos", enfatizó Ardayas, representante de Tarija. 
Más dominios tributarios. Al unísono los tres representantes piden una mejora y el incremento de los “dominios tributarios”, que al momento solo alcanza a tres impuestos “totalmente irrelevantes” a la hora de cuantificar el valor de los ingresos, conforme la Ley 154. "En materia tributaria lo que pedimos es que nos transfiera ciertos dominios tributarios, dado que lo tres que tenemos: el impuesto a la transmisión gratuita de vienes, el impuesto a las aeronaves y el impuesto con el medio ambiente, son absolutamente marginales", explicó Ardayas.
"Sencillamente queremos coparticipar de los recursos tributarios", enfatiza Parada al catalogar que la capacidad recaudadora no significa absolutamente nada. "Por ejemplo de los impuestos de juego, apenas en un año se recauda 20 mil bolivianos. Entonces es irrelevante. Entonces, hay formas de replantear este aspecto", enfatizó Parada,
Asimismo, el representante de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que  sumada a la coparticipación tributaria, del total de los recursos que contempla el Presupuesto General del Estado (PGE),  el 90% corresponde a la administración del Gobierno central. "Eso quiere decir que estamos atorados, pese a que las normativas son nuevas, pero el régimen económico sigue siendo el mismo de antes. Se necesita comenzar a buscar medidas estructurales", precisó.
Por esa situación, tal como define la Fundación Jubileo, el Pacto Fiscal es un proceso fundamental para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, optimizar el uso de los recursos, reducir las inequidades, impulsar las autonomías y delinear una política fiscal que contribuya al desarrollo.
En respuesta a dichas propuestas y a las inquietudes expresadas por las tres gobernaciones, Hugo Siles, viceministro de Autonomías, en contacto con El Día, desestimó cualquier posibilidad de rebajar del 75% a solo 50% la coparticipación tributaria ahora en manos del Estado central, dado que supondría "restar y afectar directamente a sectores como salud, educación, pensiones, Policía y Fuerzas Armadas". "El Gobierno central en su afán de preservación de los sectores más sensibles y estratégicos, destina estos fondos al pago de salarios de estos sectores", señaló.
En el resto de las gobernaciones, en los representantes de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM) y otras instancias que integran los 27 miembros del Comité Técnico del Pacto Fiscal no solo que no hay propuestas; hay un silencio total sobre el tema. "No quisiera tocar todavía ese tema hasta agotar estas cinco etapas de discusión del Pacto Fiscal", argumentó Jerges Mercado, director ejecutivo de la FAM Bolivia.
Una estructura que data de años. La estructura y funcionamiento de las fuentes de ingreso tributario ya fue definida por la Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, y que entró en vigencia plena a partir del 1 de abril de 1987 sobre la base de seis impuestos de aplicación permanente. 
Según el análisis de Jubileo, la Ley Nº 843 no solo definió las fuentes de ingresos tributarios, sino también distribuyó estos recursos bajo un esquema de coparticipación o transferencia en favor del Gobierno central con un 75%, niveles de gobierno departamental 10% (por entonces a favor de las Corporaciones Regionales de Desarrollo CRD) y municipal 10% y 5% de las universidades públicas. Asimismo, se establece que el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes pase a manos del Tesoro General del Estado (TGN) en un 100%.  
Posteriormente, en abril de 1994 se produjo la modificación de la Ley Nº 843, mediante Ley Nº 1551 de Participación Popular, que definió como eje central del desarrollo nacional la municipalización del país, mediante la transferencia masiva de competencias a los gobiernos municipales y modificando el régimen de distribución de recursos a través de la reasignación de los recursos de coparticipación de los departamentos a las alcaldías municipales.
Sin embargo, con el objeto de dotar de mayores recursos y otras competencias a los departamentos, se aprobó la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa, en julio de 1995. La norma estableció específicamente como fuentes de recursos para el financiamiento de sus competencias a: las regalías departamentales creadas por ley; los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por Ley Nº 1551; el 25% de la recaudación efectiva del IEHD, entre otros.
"A partir de la aprobación de la Ley N° 843, en 1986, se presentó todo un proceso de evolución del sistema de distribución de ingresos tributarios el cual sufrió una de las últimas modificaciones con la promulgación de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, el año 2005". En cambio, con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobado el 2009 y la Ley Marco de  Autonomías del 2010, donde se definió el país con perfil claramente autonómico, la coparticipación tributaria quedó cerrada en 75% para el Gobierno central, 20% para los 339 municipios y 5% para las universidades. A partir de ella se plantea el Pacto Fiscal, que durante ya siete años aún no se logra dicho propósito.
En la reunión de la XV sesión del comité del pacto fiscal
Cita. Este fin de semana en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, en la sede de Gobierno, se desarrolló la XV sesión de la  Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF),  donde los delegados continuaron analizando el "Documento de Diagnóstico" iniciado el 4 y 5 en Cobija (Pando), el cual disgrega la composición de las fuentes y los detalles de sus asignaciones.
Un proceso sin fin. Según el viceministerio de Autonomías, el proceso del Pacto Fiscal no terminará el 15 de noviembre cuando se dé una conclusión final a las cinco etapas. 
"Al contrario, los acuerdos alcanzados deben ser implementados en lo posterior. Lo importante, entonces, es que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas sean capaces de encontrar puntos relevantes de acuerdos, los mecanismos necesarios para la implementación de esos acuerdos, y perfeccionar el principio de coordinación entre todos los niveles de gobierno que debe primar en todo Estado autonómico", respondió a El Día.
Entidades. Para las gobernaciones, dado el avance que se ha llevado adelante hasta hoy, es un imperativo buscar acuerdos que permitan viabilizar un Pacto Fiscal coherente, sin asimetrías y a largo plazo, sobre todo jerarquizando lo escrito en la CPE: un país con autonomías.
Entrevista 
Hugo Siles
Viceministro de Autonomías
'Dichos planteamientos no tienen viabilidad técnica'
En respuesta a las tres propuestas esgrimidas por los gobiernos departamentales de Santa Cruz, La Paz y Tarija, Hugo Siles Núñez del Prado, viceministro de Autonomías, señaló que es difícil bajar la coparticipación del 75% en manos del Gobierno central a solo 50%. En contacto con El Día, fundamentó todo ello.
P. ¿Qué me dice de las tres propuestas de Pacto Fiscal? 
H.S:  En cualquiera de los escenarios que plantean estas tres gobernaciones, significaría restar y afectar directamente a sectores como salud, educación, pensiones, Policía y Fuerzas Armadas, ya que básicamente el 75% de la coparticipación tributaria va destinada al pago de funciones de estos sectores. Sin embargo, ninguna de estas tres gobernaciones (Tarija, La Paz y Santa Cruz), más allá de sus aspiraciones institucionales, plantea claramente el cómo, es decir solo plantean generar un cambio en la “modificación” distributiva de la coparticipación pero sin señalar a qué sectores se podrían afectar. En ese sentido dichos planteamientos no tienen viabilidad técnica y son irresponsables.  
P. ¿Hay una negación rotunda a dicha propuesta? 
H.S: No se trata de una negación rotunda como si se tratase de asunto político del centro, sino más bien se trata de un aspecto que va relacionado al sentido común. Es decir, cualquier ciudadano de a pie y/o la opinión pública en su conjunto básicamente rechazaría cualquier intento de reducción de los presupuestos en estas áreas tan sensibles. No hay dónde perderse en cuanto al destino y uso de los recursos provenientes de las fuentes de coparticipación tributaria. Justamente, considerando que esta fuente es tan valiosa y dada su característica estable, el Gobierno central en su afán de preservación de los sectores más sensibles y estratégicos, destina estos fondos al pago de salarios de estos sectores.
P. ¿Es posible traspasar competencias y algunos dominios tributarios? 
H.S:  Las competencias están establecidas por la propia Constitución Política del Estado, por lo tanto, el traspaso de competencias no es una cuestión de una simple modificación legislativa o reglamentaria, es decir el constituyente ha dado responsabilidades específicas y mandatos fijos tanto al centro como al nivel subnacional. Respecto al traspaso de dominios tributarios, básicamente llegaríamos al mismo debate, es decir, y como lo comenté, la coparticipación tributaria básicamente se compone del cobro de impuestos, por lo tanto traspasar dominios tributarios privativos del nivel central del Estado significaría reducir y acortar las fuentes de ingresos para el pago de salarios del magisterio, salubristas, policías, etc. 
P. ¿Por qué solo hay tres propuestas y qué pasó con el resto? 
H.S: De acuerdo al Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal no hay ninguna restricción o limitación para que las entidades territoriales autónomas no puedan presentar las propuestas que consideren pertinentes, y lo mismo se aplica para con cualquier otra institución de la sociedad civil siempre que lo haga a través de la Secretaría Técnica del Pacto Fiscal o por alguno de los delegados y delegadas de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Por supuesto, si la intención es presentar una propuesta de pacto fiscal esta deberá contener mínimamente toda la argumentación y el sustento técnico necesario que demuestre la viabilidad de su implementación. 
P. ¿El 15 de noviembre es un plazo fatal para el epílogo del Pacto Fiscal? 
H.S:  Sí, ese es el plazo que ha establecido el Consejo Nacional de Autonomías en la 7º Sesión, el pasado 11 de octubre. Cabe destacar, en ese sentido, la intensa agenda de trabajo que está desarrollando la Comisión Técnica del Pacto Fiscal en esta etapa y las anteriores, pero fundamentalmente en la quinta y última etapa teniendo en cuenta que es la que ha levantado más expectativa en las y los delegados. La voluntad del Viceministerio de Autonomías como Secretaría Técnica del Pacto Fiscal es cumplir fielmente los plazos establecidos presentando en la fecha establecida una propuesta de Pacto Fiscal que incluya todos los acuerdos y desacuerdos a los que se ha llegado. No obstante, es importante resaltar que el proceso del Pacto Fiscal no termina ahí sino todo lo contrario porque los acuerdos alcanzados deben ser implementados en lo posterior. 
P. ¿Se podrá tener un Pacto Fiscal este año? 
H.S: Si bien es arriesgado hacer una afirmación taxativa al respecto, existe la voluntad y predisposición de todos los niveles de gobierno que así sea. Ese es un elemento primordial en cualquier proceso de diálogo y concertación y se expresa en los acuerdos y consensos que se han alcanzado hasta la fecha, dejando de lado intereses políticos y pensando fundamentalmente en la mejora de la gestión e inversión pública. 

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