Tres desfalcos en 2 meses ponen en duda control en empresas públicas


Las noticias sobre fórmulas aplicadas por funcionarios públicos para hacerse de cuantiosas sumas de dinero de empresas públicas del país fueron el común denominador en los dos últimos meses. 

La millonaria estafa en el Banco Unión, con un desfalco de 37.6 millones de bolivianos, ha ocupado las portadas de los medios impresos y la apertura de los informativos en la televisión y la radio, y mucho más en redes sociales. 

Para el analista político y docente del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fernando Salazar se trata “del robo descarado y criminal jamás antes descubierto en la historia”.

Agrega que, ese y otros casos como el desfalco en el Ministerio de Defensa o el que ocurrió en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) tienen dos explicaciones complejas: las empresas públicas están copadas por militantes, por políticos del actual Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir, por personas a las que solo les interesa aprovechar el cargo para beneficio personal. También demuestra que el Gobierno ha perdido el control en la administración de las empresas públicas porque no existe una regla, una norma que rija la buena gestión estatal.

El caso que más ha contribuido a reavivar los debates sobre corrupción y la comisión de delitos ha sido el millonario desfalco del Banco Unión. Pero no menos alarmantes, aunque menos espectaculares, son los hechos como el de EMAPA o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, (ENTEL). En esta última, aunque ocurrió en agosto, se descubrió la desaparición y clonación de tarjetas telefónicas por más de 20 millones de bolivianos. Un dirigente del Sindicato de Trabajadores de La Paz, Franz S. es el principal acusado.

GOBIERNO El presidente de Bolivia, Evo Morales afirmó en una ocasión que no permitirán actos de corrupción y que su administración caerá con todo el peso de la ley sobre quienes han sido víctimas de tentación, sin importar quién sea el que cometió el delito.

Este medio quiso conversar con representantes del Viceministerio de Transparencia para conocer cómo tratan estos temas y qué hacen para evitarlos, sin embargo no se recibió respuesta.


Dos meses

Los tres hechos irregulares sucedieron desde fines de septiembre, es decir menos de dos meses. 


LOS TRES HECHOS MÁS IMPORTANTES

El complejo caso del Banco Unión 

El 26 de septiembre, el Ministerio Público descubrió un millonario desfalco en el estatal Banco Unión, donde el gerente de Operaciones de la sucursal de Batallas, en el altiplano de La Paz, sustrajo 37.6 millones de bolivianos. 

Producto de esta investigación se detuvo a por lo menos 25 personas, la mayoría funcionaria del Banco y el entorno familiar de Juan Pari Mamani.

Varios gerentes han renunciado en este tiempo, incluyendo el directorio en pleno del Banco, además del síndico. El 15 de noviembre se elegirá el nuevo directorio.

Pari extrajo dinero poco a poco en cerca de 11 meses, sin que los sistemas de seguridad hayan advertido la irregularidad y ni siquiera las cámaras captaron el momento en que el funcionario se llevaba lo robado. El principal acusado confesó que llevaba dinero adosado en su cuerpo para evitar los controles que los policías realizaban a la salida. Con el dinero producto del desfalco compró vehículos de lujo, abrió negocios (muchos fantasmas) y costeó viajes. Pari está detenido en Chonchocoro.


Desfalco en Ministerio de Defensa

El 29 de septiembre, el fiscal Marco Antonio Vargas, que investiga el desfalco de unos 6 millones de bolivianos en el Ministerio de Defensa, entre 2013-2014, informó de la aprehensión de seis personas, entre ellas, un coronel del Ejército.

Una auditoría interna del Ministerio de Defensa destapó el desfalco y después se presentó la denuncia ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El Ministerio Público y la FELCC realizaron operativos y allanamientos. Entre los aprehendidos figuran Germán Ch. P., su pareja Vilma Verónica C., Vladimir Jorge O. C., Dante Alejandro F., el coronel Remmy Augusto B. S., además de otra funcionaria.

Ch. y el responsable de contabilidad del Ministerio de Defensa se encargaban de tramitar ilegalmente y hacer firmar cheques para el desembolso a su favor bajo distintos conceptos. La pareja del principal imputado fue utilizada como palo blanco de los ilícitos que investiga ahora el Ministerio Público. Fueron imputados por: legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito por particulares, encubrimiento e incumplimiento de deberes.


Seis implicados en EMAPA

Seis funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) fueron denunciados ante el Ministerio Público implicados en la venta irregular de maíz a precio preferencial para granjas ´fantasmas´, por medio de la cual se beneficiaron con 150.000 bolivianos. El ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que el principal implicado Pablo A. P. se presentó en EMAPA como representante de la “organización productiva CIOEC” que agrupaba a 13 supuestas granjas de Santa Cruz. Pablo A. tramitó en EMAPA, en presunta complicidad de los funcionarios, la adquisición de maíz a precio preferencial para fomentar a los productores agropecuarios. Sin embargo, según el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, se descubrió que no representaba a dichas unidades productivas. 

Los seis funcionarios son: Renán Á., jefe de la Unidad de Comercialización; Marco P, responsable de Ventas y Almacenes, Gabino S., técnico de gestión en Santa Cruz; Álvaro M., responsable regional; Nelson R., supervisor de Comercialización; y Gabriela E., jefe de Ventas y Comercialización.


La presencia partidaria debilita la transparencia 

Fernando Salazar *

Analista político

Hay dos lecturas sobre lo que está ocurriendo con los casos de corrupción y el robo descarado en instituciones públicas vistos solamente en gobiernos militares: Una es la debilidad de las instituciones estatales y la otra, la falta de control.

Las instituciones estatales están muy frágiles. Hay una pérdida de institucionalidad, de cumplimiento de reglas básicas. Existe improvisación en el manejo de instituciones debido al control político sobre las mismas. Se observa una sobrecarga política que lleva a debilitar a las instituciones y cada vez tienden a ser más centralizadas y manejadas desde un poder central. Falta ese control semiautárquico, que es como debe funcionar.

En todas sus direcciones de las empresas se nota una muy marcada presencia partidaria en la designación de los principales cargos y obviamente de sus funcionarios. Al no existir institucionalidad todo tiende a tener un comportamiento corporativo donde de uno a otro nivel se va perdiendo su funcionalidad. No existe ningún tipo de garantía de preservación y control de los niveles y cada uno actúa por cuenta propia y eso implica amplios espacios de maniobra, de decisiones que pueden ser personales, antiinstitucionales conduciendo a gravísimos errores y fallas, y a la corrupción. Desde esa perspectiva, las instituciones públicas del Estado, en este Gobierno y en este momento, tienen todas las desventajas de control en el accionar del manejo público, lo que lleva a muy poca institucionalidad y amplios espacios de decisiones y fallas que conducen a hechos que afectan a todo lo que es el Estado y el Gobierno. 

* Docente del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la UMSS

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