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EFE
El indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, está bajo serias sospechas de ser un acuerdo político que los beneficia a ambos.

Entre tanto, miles de personas se manifestaron ayer en las principales ciudades de Perú para protestar por el indulto concedido por Kuczynski, al exmandatario, que le exime de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

El aparente trato permitió a Kuczynski seguir en el sillón presidencial tras salvarse de ser destituido por el Congreso la semana pasada gracias a los votos de un pequeño sector del fujimorismo; y a cambio Fujimori obtuvo el domingo la libertad tras diez años de infructuosos intentos por salir de la cárcel.

Kuczynski, que ha pasado su primer año y medio de mandato asfixiado por la presión del fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría absoluta, se salvó el jueves pasado, contra todo pronóstico, de una moción del parlamento para destituirlo gracias a una decena de fujimoristas que se abstuvieron y no votaron a favor de su salida del cargo como el resto de su bancada.

Esos parlamentarios fueron liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien en ocasiones anteriores ya había solicitado abiertamente a Kuczynski el indulto para su padre.

Kuczynski lo hizo a costa de enervar e indignar a los votantes que lo apoyaron en las elecciones del pasado año con la única pretensión de que no ganara Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder del partido Fuerza Popular, e hiciera lo mismo que él ahora ha concretado: indultar a su padre.

Lo concedió, además, a pesar de haber negado esa posibilidad casi hasta el último minuto a través de sus personas cercanas, como la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien el día de la votación aseguró que el Gobierno no negociaba indultos.

Aunque la gracia presidencial está fundamentada en una supuesta enfermedad no grave, degenerativa e incurable, pero que puede agravarse en prisión, el presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Salomón Lerner, aseguró ayer a Efe que es evidente la existencia de un trato político, "un toma y daca".

"Hasta el menos reflexivo de los peruanos vincula de inmediato el apoyo a Kuczynski de una parte de los fujimoristas con el indulto", comentó Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó el conflicto interno que asoló Perú entre 1980 y 2000, período que abarca el mandato de Fujimori.

Apuntes

El expresidente, de 79 años, ha pasado los 11 últimos años recluido en una cárcel de máxima seguridad.

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