En 7 años, YPFB sólo ejecutó un 66,25% de su presupuesto

Lidia Mamani / La Paz
Entre 2009 y 2016, YPFB sólo ejecutó el 66,25% de su presupuesto programado durante esos años de acuerdo con un análisis de la  Gobernación de Santa Cruz,  en base a los datos del Ministerio de Economía y el Sistema Integrado de Modernización Administrativa (SIGMA). 

En el documento se  precisa que en siete años, de los 600.284 millones de bolivianos asignados, sólo se ejecutaron 462.421 millones de bolivianos,  los recursos  no ejecutados ascienden a    más de 137.863  millones de bolivianos, es decir un 33,75% (ver gráfica).

Según el asesor de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, si se hace una evaluación general, se puede evidenciar  que en el desempeño  de las empresas públicas, la que mayor monto no ejecutado tiene  es la estatal petrolera.
   
Para Zaratti, los montos utilizados por YPFB son bajos, tomando en cuenta que  es una empresa estratégica de cuyas actividades depende gran parte de los ingresos del país.

“Las razones de esa baja ejecución son varias, pero asumo que las principales son por la ineficiencia e ineptitud de sus ejecutivos. El retraso en la ejecución de proyectos debido incluso a la corrupción (como el caso taladros) Y la postergación de inversiones a causa de la burocracia”, precisó.

Sin embargo, sostuvo  que no se trata sólo de ejecutar el presupuesto, sino de hacerlo bien y realizar inversiones productivas.

Por ejemplo, mencionó cómo  la planta de Amoniaco y Úrea  de Bulo Bulo en un principio, concebida como un buen proyecto, puede ser ejecutada de la peor manera  incluyendo retrasos y fallas. 

“También  está fuera de discusión que la prioridad es la exploración eficiente por parte de las subsidiarias que se dedican al up-stream en asociación con empresas privadas que saben del negocio. Tenemos una gran deuda con Brasil en gas pagado y no recogido (Take Or Pay) que condicionará, a partir de 2019, los ingresos del país y por eso necesitamos comercializar mucho más gas que ahora”, afirmó Zaratti.

Entre otros proyectos que se deben priorizar está  la comercialización de los excedentes de  GLP en mercados externos, que para eso se construyó la planta separadora de Gran Chaco.

El experto en descentralización, Julio Linares, señaló que en 2013 el Gobierno promulgó  la Ley 466 de Empresa Pública, que tenía como uno de sus objetivos  agilizar las compras y contrataciones de estas firmas.

Además, esa norma las liberó del control de la Ley SAFCO.

A la luz de los resultados y la baja ejecución de recursos que registran no sólo YPFB, sino las  más de 30 empresas públicas, Linares observa que de nada sirvió la norma y fue un fracaso.

El desempeño de estas compañías en cuanto al uso de los recursos, está por debajo del nivel promedio del resto de las entidades estatales, añadió. Con la nueva norma, las empresas estatales y las firmas privadas se rigen por el Código de Comercio.

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