Las judiciales en Bolivia son el único caso en el mundo

Las reformas e iniciativas del Gobierno suelen causar, especialmente en este último tiempo de desplome de su popularidad, una artillería de críticas. Tal es el caso de las elecciones judiciales, de las que se ha dicho bastante.


Pero no se ha dicho si este sistema ya ha sido probado y qué beneficios habría traído en otras latitudes (o lo que los abogados llamamos un análisis de derecho comparado). La respuesta es muy simple y sorprendente: No. No existen países en el mundo que realicen elecciones judiciales como las de Bolivia. Entonces, o nuestras autoridades descubrieron la pólvora, o ésta es una peregrina idea.

Como varios de los lectores supondrán, a otros efectivamente ya se les ocurrió: durante la Revolución Francesa se discutió la votación judicial y fue descartada. Alexis de Tocqueville, de acuerdo a un artículo del Economist, había señalado cuando se encontraba de viaje por Estados Unidos, que este país, con una Constitución vigente desde 1789, tenía un sistema de elecciones judiciales que a él le parecía augurar muchos problemas en el futuro. De hecho, como afirma el columnista y abogado Gonzalo Mendieta en un artículo publicado en Página Siete el pasado sábado, el sistema  de elecciones judiciales boliviano fue inspirado en la teoría política de Rousseau, a partir del trabajo de asesores españoles.

Existe, por tanto, oh dulce ironía, el antecedente norteamericano que puede precisarse así: quizás el único país que tiene un sistema de votación judicial más o menos similar al nuestro es el innombrable “Imperio”. El encorbatado García Linera había dicho recientemente, refiriéndose al TIPNIS, que las áreas protegidas eran un invento de “los gringos”. Bueno, pues parece que en este caso debería decir lo mismo, y con más razón, como se puede leer en un artículo del New York Times, donde un profesor de la Universidad Cornell es citado diciendo que el resto del mundo se sorprende con el sistema de elecciones judiciales estadounidense, y que muchos  ven a los jueces haciendo campaña como una locura y a la vez algo característicamente “americano”. De hecho, en un artículo de la Asociación Americana de la Abogacía (ABA), se relata cómo un exmagistrado de la corte suprema de Oregon dijo  que para el resto del mundo, la adherencia de EEUU a un sistema de elecciones judiciales es tan incomprensible como su  sistema métrico.

Las elecciones judiciales estadounidenses son realizadas en mayor o menor medida en cada Estado. Así, por ejemplo, en Nueva York casi todos los jueces son elegidos por voto directo. Si un barrio como Brooklyn tiene un electorado mayoritariamente Demócrata, no es extraño que los jueces de esta jurisdicción también lo sean, minando así la imparcialidad e independencia de la administración de justicia.

El otro país con  elecciones judiciales, pero de forma más restringida, es Suiza, donde suceden sólo en algunos cantones. En Japón también se dan en determinados casos, pero de acuerdo a académicos consultados por la ABA, estas elecciones son solamente una formalidad.

Mendieta señala que el sistema de votación judicial boliviano es el producto de un ensayo irresponsable y condescendiente de los mentados consultores españoles, que tiene coincidencias con un viaje de Morales a Suiza donde éste se enteró y entusiasmó con el modelo suizo antes citado.

Efectivamente, recientemente acudí a un “conversatorio académico” sobre los procesos constitucionales latinoamericanos en la universidad Católica en Santa Cruz, donde uno de estos  abogados españoles, quien es citado por Mendieta, nos dijo sin tapujos y con tufillo académico que “los bolivianos deberíamos sentirnos orgullosos de elegir a nuestras autoridades judiciales”.

Salvando distancias,  pero uniendo ironías que suelen acompañar a los inconsistentes, así como un embajador norteamericano nos dijo una vez que no votáramos por Evo, y por eso resultó que todos le dieron la contra, me gustaría que en esta ocasión sucediera algo similar.

El Economist, en el artículo mencionado que critica este sistema, señala que el hecho que un juez prometa –aún de forma implícita – que resolverá causas bajo cualquier otra consideración que no sean los hechos y la ley, incurre en un abuso de poder.

 Habría que añadir que el hecho que los ciudadanos de un país como Bolivia deban elegir nada menos que  a  32 autoridades en dos papeletas, y que para ello deberían conocer y analizar el CV de cada una, como ningún CEO de las empresas más grandes establecidas en el país lo debe hacer para su propio personal, me parece al menos a mí un disparate.

Muchos de los votantes, además, no tienen acceso a esta información ni una formación mínima que les permita tal investigación. Muchos otros, no tenemos simplemente el tiempo, ni consideramos que se nos deba imponer  semejante tarea, que viene añadida a otras igualmente desproporcionadas, como las declaraciones impositivas que a varios nos roban varias  horas de trabajo sin paga cada mes.

Un colega abogado recordaba que cuando la prensa le preguntó al renombrado y fallecido jurista Pablo Dermizaky, primer  presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, su opinión sobre determinado fallo suyo, él se limitó a decir que para ello simplemente debían leerlo. “Los fallos de los jueces deben hablar por ellos” concluyó mi colega, quizás parafraseando a alguien que no recuerdo, y que ilustra muy bien que la dinámica de una autoridad judicial está muy alejada de la de una autoridad política.  

En vez de pensar en la elección popular judicial, el Gobierno debería interesarse más por un sistema con mayores filtros no sólo para la carrera judicial, sino para ejercer la desacreditada carrera de la abogacía que acarrea tantos desafíos y responsabilidades, y de mejorar el salario de los jueces y funcionarios de carrera. Basta con ver cómo en un país vecino como Brasil, cuyos jueces y fiscales ostentan maestrías en el extranjero,  éstos no se dejaron subordinar ante el poder político, como se ha demostrado en el caso Lava Jato.

 “En vez de pensar en la elección popular judicial, el Gobierno debería interesarse más por un sistema con mayores filtros no sólo para la carrera judicial, sino para ejercer la desacreditada carrera de la abogacía que acarrea tantos desafíos y responsabilidades”.

José Manuel Canelas / Abogado

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