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Las bases del sector de salud en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz rechazaron el acta de entendimiento firmado ayer entre su dirigencia y el Ministerio de Salud, y determinaron mantener las protestas en pos de lograr la abrogación de los decretos de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de salud y la exclusión del artículo 205 del Código de Sistema Penal, que, señalan, criminaliza el ejercicio de la profesión médica.

En  el caso de La Paz, el sector reunido en una Asamblea decidió no solamente continuar con el paro, sino también exigir la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, y la retractación de la ministra de Comunicación, Gísela López, quien ayer tildó a los médicos de "mercaderes de la salud" y los acusó de ser ladrones, hasta de la vida de las personas.

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“Exigir a la ministra de Comunicación una satisfacción pública a todos profesionales de Bolivia por intervenciones vertidas por esta cartera de Estado”, indicó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, que dio a conocer las determinaciones de la asamblea.

Asimismo, se pidió que el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, deje sin efecto toda acción popular que sea contraria a los profesionales médicos.

En Cochabamba, los médicos persisten con sus medidas de presión. Un reporte de radio Éxito dio cuenta que el sector instaló hoy un piquete de huelga en predios del Colegio Médico.

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“Se ha decidido instalar piquetes de huelga, estamos empezando en el Colegio Médico. Esto es en respuesta a las demandas que tenemos, principalmente el artículo 205, el cual pedimos su expulsión”, indicó Edgar Fernández, presidente del Colegio Médico de Cochabamba.

En Santa Cruz ocurrió lo propio. Los médicos rechazaron el acta firmada anoche y determinaron radicalizar sus medidas de protesta, informó radio Éxito.

Tras la firma del acta de entendimiento ayer entre el gobierno y el Colegio Médico de Bolivia, se determinó llevar los acuerdos a las bases. Si la respuesta era positiva, se instalarían tres mesas que son: una de  seguridad social, la segunda que  analizará el artículo 205 del proyecto de Código Penal  y la tercera que revisará  la elaboración del Decreto Supremo que corresponde al subsector público y privado.

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