Proyecto de ley busca procesar por 3 vías a ejecutivos de medios

Un  proyecto de Ley de Información Responsable presentado por el oficialismo  busca procesar por la vía penal, civil y administrativa a los ejecutivos de los medios de comunicación  por emitir información que dañe el prestigio o credibilidad de las personas.

La propuesta cuenta con nueve artículos y dos disposiciones transitorias, para “evitar un daño a la dignidad, prestigio y credibilidad” de las personas que sean parte de la información.

Asimismo, establece que cuando se incurra en las faltas antes mencionadas los ejecutivos del medio difusor se convertirán en directos responsables.


P U B L I C I D A D 
“Serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil o administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación público o privado que emitan información que de manera indebida dañe la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”, precisa.

En la “exposición de motivos” del proyecto de ley  se acusa a los periodistas de elaborar notas “hechas a medida” de los intereses del dueño o director de un determinado medio.

Además, se habla de que hay “corrupción” en las salas de redacción, ya que los periodistas reciben “pagos ilegales” y “regalos” que comprometen su labor.

Por último, se alude a un “comportamiento antiético” en las investigaciones de prensa, “atropello de la privacidad, mal manejo de las fuentes, plagio, uso de engaños, edición distorsionada y manipulación de fotos”.

En cuanto al contenido que se presenta en el acápite “De la información pública”, que es parte del capítulo segundo de la norma, se establecen tres artículos sobre “información veraz”, “difusión de la información” y “presentación de la información”.

Se presume que esta es veraz sólo cuando se la obtiene de manera lícita.

En caso de que por la “urgencia” no se pueda realizar    la revisión de la información, “la misma deber ser aclarada en ese sentido”, detalla el artículo 5.

Para dar cumplimiento a la ley, en la disposición transitoria primera se especifica: “El Ministerio de Comunicación elaborará el reglamento en un plazo no mayor a los 90 días” y los medios tienen 120 días para “adecuar sus mecanismos de obtención de la información”.

Al respecto, Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), aseguró que el contenido del proyecto atenta contra la libertad de expresión.

“Esta es una ley que viola la libertad de expresión flagrantemente. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, cualquier persona es libre de decir lo que quiera, por cualquier medio de comunicación, pero tiene que hacerse responsable de lo  que dice”, manifestó.

Asimismo, Nelson Martínez, titular de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), explicó que lo que se intenta controlar con la propuesta, en realidad, ya está sujeto a una norma específica  que está en plena vigencia.

“Las calumnias y difamaciones ya están contempladas en el sistema judicial. Y en el caso de los medios de comunicación, están vinculados a la Ley de Imprenta”, indicó Martínez.

La propuesta se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, instancia a la que fue presentada el 21 de noviembre.

Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Nora Fernández, Manuel Mamani, Leoncio Jancko y Lucio Gómez firman como remitentes del proyecto de ley.

“Este proyecto viola la libertad de expresión y es contrario al contenido de la Carta Magna, no debería aplicarse”.

Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.

“Las publicaciones corresponden a los periodistas y a los editores, que están protegidos por la Ley de Imprenta”.

Nelson Martínez, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.

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