Taller contratado para imprimir tarjetas de circulación vehicular vendía copias a Bs 200

Personal de la imprenta contratada por autoridades electorales para la impresión de las tarjetas de autorización de circulación vehicular en la jornada electoral, fue sorprendido comercializando en redes sociales esos documentos a un costo de Bs 200. Un patrullaje cibernético terminó con la aprehensión de cuatro personas en La Paz.

Vehículos retenidos por no portar permiso de circulación en Cochabamba.
El comandante de la Policía, general Abel de la Barra, informó del hecho descubierto y dijo que ahora los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en la ciudad de La Paz. No identificó a los responsables de la venta de esos documentos que permiten a los vehículos que lo portan la circulación en la jornada de votación.


P U B L I C I D A D 
Lo llamativo de este caso es que el o los responsables están relacionados con una imprenta contratada para la impresión de las tarjetas de circulación, que son entregadas en los distintos Tribunales Electorales Departamentales (TED) previo un trámite y justificación respectiva.

“Habían hecho cierta cantidad adicional (a lo requerido por autoridades electorales) y lo estaban poniendo a la venta”, explicó de la Barra sin dar mayores detalles de cuántas tarjetas se habían impreso de forma adicional.

El fiscal Departamental de La Paz, Édwin Blanco, informó que entre los detenidos se encuentra el dueño de la imprenta, ubicada en el centro de La Paz, y dijo que las investigaciones preliminares dan cuenta que tenían para la venta 250 permisos con sus respectivos hologramas de seguridad.

Los aprehendido fueron acusados por los delitos de franquicias, liberaciones o provilegios ilegales. El artículo 230 del Código Penal establece por esos delitos una sanción con multa de treinta a trescientos días.

Según las disposiciones electorales y Auto de Buen Gobierno, está prohibida la circulación vehicular, excepto con el permiso respectivo. Los motorizados que no cuentan con ese documento son retenidos y deben pagar una multa.

El hecho ahora radica en la Fiscalía, instancia responsable de la investigación y de emitir la acusación respectiva. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó un patrullaje cibernético y dio con los responsables de la venta de esos documentos a través de las redes sociales. 

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