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Entre 1966, cuando se fundó el Frente Regionalista Corso (FRC), y el 1 de enero 2018, cuando Córcega inaugura una nueva organización territorial, un Departamento con dos colectividades territoriales, el autonomismo corso ha tenido muchas «vidas», distintas y antagónicas. El autonomismo corso tuvo una variante «indepe», terrorista, criminal, entre el 5 de mayo de 1976, fecha del nacimiento del Frente Nacional de Liberación de Córcega (FNLC), y el 6 de febrero de 1998, fecha del asesinato del prefecto Claude Érignac.

El tímido proceso de descentralización iniciado en 1981 dio un cambio profundo a la historia política local, acelerando una «recomposición» y descomposición de las muy distintas familias «indepes», nacionalistas, autonomistas y regionalistas corsas.

Las familias «indepes» partidarias de la «lucha armada» terminaron devorándose las unas a las otras, víctimas, así mismo, de una ensangrentada deriva mafiosa. Nunca se conocerá con precisión el origen terrorista, nacionalista o puramente mafioso de centenares de asesinatos, durante el último medio siglo. El asesinato del prefecto Érignac puso fin a esa deriva criminal. Y, desde entonces, desde hace veinte años, las distintas familias corsas han negociado sucesivas coaliciones entre «indepes» y autonomistas.

En 2003, Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, organizó un referéndum local, con el fin de estudiar o enterrar un proyecto de mayor autonomía. Una mayoría de corsos rechazó la reforma. Desde entonces, las familias autonomistas intentan negociar alguna forma de «nuevas relaciones institucionales». Desde el día 1 de este mismo mes de enero Córcega tiene una nueva organización territorial: el departamento corso ha quedado dividido en dos colectividades territoriales. La mayoría autonomista regional desearía aprovechar la nueva organización, para conseguir algunas transferencias.

Córcega no podría funcionar sin las subvenciones del Estado francés, víctima de una economía agraria y turística muy modesta. La nueva organización territorial quizá permita, más adelante, la transferencia de poderes de gestión local de cuestiones regionales.

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