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El último en caer vivía en El Gran Chaparral, una finca uruguaya, de decenas de hectáreas, con zoológico a imitación modesta del que tuviera en vida Pablo Escobar. Su mujer, Paola Marina Fiege, cuando sonríe -aunque también está detenida-, muestra diamantes incrustados en algunas piezas dentales. En la entrada de la casa y en el aparcamiento, destacaba una flota de automóviles de alta gama. Entre estos, dos Porsches, un Ferrari California, un Mercedes Benz, y tres cuatriciclos. En una caja fuerte, los agentes de Interpol descubrieron cerca de medio millón de dólares, fajos de euros, florines, una decena de tarjetas de crédito y joyas. En otro rincón de la mansión, cercana a Punta del Este (el Marbella de los 80 en España o la Ibiza de estos años) hallaron armas de diferente calibre. El dueño de todo y de mucho más, es el ahora detenido y pendiente de extradición a Argentina, Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) de Argentina, el gremio que incluye a los auxiliares escolares y trabajadores de instituciones para menores de edad.

El sindicalista, de 54 años, vivía en Uruguay y solía viajar todas las semanas a las ciudades de Mar del Plata y Buenos Aires en su jet privado (también confiscado). Director -sobre el papel- del diario HOY la noticia de su arresto, en este medio de su propiedad, se publicó como un ataque a la libertad de expresión. Acusado de lavado de capitales y de apropiación indebida de los fondos de SOEME, Balcedo fue sorprendido por un equipo de agentes, en torno a las seis de la mañana del viernes. Quizás los vio venir o dormía. Había construido la casa familiar en lo alto de un cerro, a pocos metros de Playa Hermosa para poder divisar quien merodeaba por una zona que blindó para los extraños. El perímetro de la «chacra», como se refieren al terreno en Uruguay, está cercado por un alambrado con cámaras de seguridad.

A Balceda el Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol le tenía vigilado desde Navidad. En coordinación con la AFI argentina (Agencia Federal de Investigaciones) esperaron la orden del juez para echarle el guante. Ni él ni su mujer, de 33 años, se resistieron al arresto. Tampoco, según la prensa uruguaya, se enfrentaron a los agentes cuando registraron, palmo a palmo, la vivienda y hallaron, además del dinero, las joyas y los valores mencionados, una Glock de 9 milímetros, un revolver CTC 38 y, entre otras armas, un fusil Colt y municiones de sobra para repeler un asalto.

El caso de Balceda, que daba trabajo a una veintena de personas y hacía donaciones a una escuelita rural próxima, es el último de una serie de arrestos que vuelve a colocar al sindicalismo argentino en el ojo del huracán de la justicia o en cualquier capítulo de una serie del crimen organizado. El suyo tiene tintes cinematográficos pero nada le tiene que envidiar el de Juan Manuel, alías «Pata», Medina de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) de la Plata. En septiembre del pasado año «el Pata» se resistió a su detención y permaneció atrincherado en la sede del sindicato durante ocho horas. Acusado de asociación ilícita, lavado de activos y extorsión, la Policía descubrió que la banda que encabezaba había comprado más de cien automóviles, un yate, un avión, un helicóptero y un alto número de inmuebles. En el registro de su casa también descubrieron armas y... tres máquinas para contra de dinero. Los conflictos, como aquel del Ferrocarril Roca, los solucionaba a tiro limpio.

El Caballo
También merece protagonizar algún capitulo o una serie propia Omar «Caballo» Suárez. Titular del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), cayó en septiembre del 2016 aunque ahora está bajo arresto domiciliario. Uno de los sindicalistas «preferidos» (sic) de la expresidenta Cristina Fernández, «el Caballo» extorsionaba a los empresarios de las navieras. Para salir a pescar necesitaban su aprobación. Dicho de otro modo, pagar el sobormo correspondiente, incorporar a trabajadores innecesarios o cumplir con cualquier de los requisitos que exigiera, por las buenas o por las malas. Histórico entre los sindicalistas históricos, la diputada Gladys González recordaba su «ejército de choque para amenazar de las formas que se pueda imaginar a las empresas». Dicho esto, no es del que peor hablan los empresarios. «Tenía códigos y si llegamos a un acuerdo lo respetaba», recuerda uno que año tras año tuvo que negociar con él para que los barcos pudieran salir a faenar.

Conocido por sus «aprietes» y afición a la botella, al «Caballo», al menos, no le han acusado de delitos de sangre. En ese caso se encuentra José Pedraza, extitular de la Unión Ferroviaria, condenado como instigador del asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, muerto a balazos por una «patota» (pandilla) del sindicato en 2010.

Entender el sindicato como un bien ganancial o patrimonio propio, es frecuente en las familias de los multimillonarios gremialistas argentinos. Las dinastías se extienden -o enquistan- en diferentes «rubros» (sectores). El clan de Hugo Moyano es el más popular de Argentina. Camionero y secretario general de la poderosa CGT (Confederación General del Trabajo) el patriarca, tiene un «problemita» con uno de sus hijos. Pablo, su heredero en el sindicato de camioneros, está investigado en la justicia por sus vínculos con los barrabravas del Club de Fútbol Independiente y sus negocios turbios. Le conocen como: «El salvaje».

La lista de los sindicalistas en la mira de la justicia continúa, Victor Santa Maria, del gremio de los porteros y jefe del Partido Justicialista (PJ) de la ciudad de Buenos Aires está denunciado por lavado y fuga de capitales a Suiza. Vinculado a medios de comunicación afines al kirchnerismo, como el periódico Página 12, su nombre es uno más de los que la justicia, ahora, mira bajo la lupa.