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(ANF).- La Cámara de Diputados mediante notas escritas en el mes de marzo del 2017 pidió al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), al Colegio Nacional de Abogados y a la Universidad Mayor de San Andrés sus aportes para la reforma del sistema penal boliviano.


Fue la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero que envió las notas, cuando ingresó el proyecto de ley a esa instancia legislativa. A los representantes de las instituciones les pide sus aportes e incluso les hace llegar el proyecto en formato digital.

La legisladora publicó las cartas en su cuenta de Twitter, dirigidas al presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Raúl Jiménez; al rector de la UMSA, Waldo Albarracín y al secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas.

“Tengo el agrado de poner en conocimiento de la alta institución que usted preside, que el Proyecto de Ley N° 122/2017-2018 Código del Sistema Penal ha ingresado para tratamiento a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados”, dice parte de la nota fechada el 10 de marzo.

Y pide que estas entidades contribuyan en su revisión “Esperando contar con su aporte para la transformación estructural del sistema penal boliviano, en el marco de los mandatos del pueblo, surgidos en la cumbre de Justicia el 11 de junio de 2016, envío en formato digital el referido proyecto de ley”, complementa la carta.

Finalmente, les insta a ser parte del proceso de “profunda reforma” del sistema penal boliviano. Las notas están firmadas por Rivero y tienen el sello de recibido de las entidades invitadas para debatir y aportar en el proyecto.



Sin embargo, el Ilustre Colegio de Abogados de Bolivia en un comunicado a la opinión pública dijo que los juristas “no participaron” en la redacción del proyecto de ley, pese a ser los llamados a participar de dicho proceso.

“Dejamos en claro que nosotros siempre hemos querido aportar con nuestros mejores profesionales de cada uno de los Colegios Departamentales de Abogados, para hacer una correcta redacción del Sistema Penal Boliviano”, señalaron al momento de pedir la abrogación de la norma.

Pero Rivero, le retruca y recuerda que fueron convocados el año pasado, “10 de marzo enviamos nota al Colegio Nacional de Abogados así como a los 9 colegios para recibir sus aportes. No participaron porque no quieren un código para la gente. Si lo hicieron muchos abogados de manera personal”, sostuvo.

Durante la aprobación en la Cámara de Senadores y luego promulgada la norma, los únicos que mantuvieron sus movilizaciones y rechazaron el artículo 205 fueron el Colegio Médico de Bolivia, sus entidades departamentales y ramas afines a salud.

Mientras que una parte del transporte organizado aceptó la norma, al igual que los empresarios; pero luego de la promulgación del Código del Sistema Penal los transportistas, los gremiales, los gremios periodísticos, los importadores, las iglesias, entre otros han expresado su rechazo a la ley.



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