El MAS cuestiona protestas de la COD Tarija contra el Código Penal

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Erwin Mansilla, cuestionó el viernes las protestas de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.

Erwin Mansilla
"La lectura que hago de estas medidas es que son políticas, porque sin conocer en su totalidad el Código Penal están en estas medidas. La Central Obrera Departamental de Tarija se unió al Comité Cívico y no tiene fuerza ni convocatoria", dijo a los periodistas.

Esta jornada, la COD de Tarija acata un paro movilizado de 24 horas en rechazo al nuevo Código Penal.

Por su parte, el ex dirigente del MAS, Nelson Aguilar, denunció que se está realizando un "terrorismo mediático" contra el Código Penal, mediante las redes sociales.

"He visto cosas muy positivas en el nuevo Código Penal, nos hemos quejado toda la vida de la retardación de justicia y en este Código se muestra celeridad, nos quejamos que no trabajan los jueces, pero aquí se le obliga a trabajar al juez", agregó.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Walter Aguilera, dijo que esa movilización es para pedirle al Gobierno que escuche a su pueblo.

"El ampliado determinó esta gran movilización en rechazo a dos artículos, el 293 y 294 del nuevo Código Penal, que afecta a los trabajadores", dijo tras participar en una marcha de protesta.

El artículo 293 del nuevo Código Penal se refiere a la sedición, y establece que la persona que, sin desconocer la autoridad del Gobierno se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a alguna servidora, servidor, empleada o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o trastornar o turbar el orden público, será sancionada con prisión de uno a tres años y prestación de trabajo de utilidad pública.

El artículo 294, referido a la atribución de los derechos del pueblo, establece que la persona que forme parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación./ABI
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