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La tumba del piloto sublevado Óscar Pérez contra el régimen de Nicolás Maduro lleva una pequeña placa de hormigón con la inscripción de su nombre en la parcela 42A-29IIIA en el cementerio del Este de Caracas, donde fue enterrado este domingo de manera secreta y oculta, ante la única presencia de la tía y una sobrina. El régimen venezolano no ha permitido el sepelio religioso y las honras públicas, como había suplicado la madre del exagente policial a las autoridades, tras ir y venir al cementerio del Este el sábado, día en que hubo una manifestación organizada por la oposición para condenar la masacre de Pérez y su grupo.

Sólo fueron autorizadas a asistir al entierro clandestino la tía Aura Pérez y la prima Maryory Perdomo, que participaron luego también en una misa ante la tumba. La tía aseguró que se trata de «la pérdida de un gran ser humano». «Solo puedo decir que dejaré en manos de Dios y él sabrá lo que hay que hacer. Sé que está con Dios. Ya todo el mundo sabe lo que pasó (en El Junquito)», declaró a los periodistas.

Por su parte, la prima del piloto calificó de «ajusticiamiento» la masacre del pasado lunes. «No creemos en ellos (los miembros del Gobierno). Tienen que aclarar qué sucedió. Esto es un hecho insólito en la historia. Lo sucedido en El Junquito fue un ajusticiamiento», indicó Maryory Perdomo a los medios, una vez que había concluido el entierro de los restos de Pérez y se les permitió el acceso al camposanto. Según Perdomo, «Óscar Pérez es un héroe, dio todo por nosotros, luchando contra la injusticia en el país». Contó, además, que no se permitió a la familia vestirlo ni rendirle los actos velatorios antes del entierro «exprés».

La «masacre de El Junquito»
El plan del Gobierno fue impedir un sepelio colectivo de Óscar Pérez y los seis compañeros. De los siete, al menos seis fueron ejecutados el pasado lunes con un tiro en la cabeza, según la organización Foro Penal Venezolano. Ello a pesar de que se habían rendido durante el operativo llevado por un comando policial-militar de 400 agentes, a la que ya se conoce como la «masacre de El Junquito».

El régimen de Maduro dividió el entierro forzado y secreto de los siete rebeldes en tres regiones, sin el consentimiento de sus familiares. El sábado enterró en el cementerio del Este a dos del grupo: José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini Agostini. Al estado Táchira, fronterizo con Colombia, llevaron el cuerpo de Lisbeth Andreína Ramírez, enfermera de 30 años que era pareja de Jairo Lugo Ramos, uniformado de la Guardia Nacional y otro compañero de Óscar Pérez.

A los enviados al Zulia fueron enterrados mientras se cantaba el himno nacional. Así dieron sepultura a los cuerpos de Jairo Lugo, Abraham Lugo Ramos y Daniel Soto -compañeros de Óscar Pérez- en el interior del cementerio La Chinita en Zulia, a pesar de la militarización por la Guardia Nacional Bolivariana.

El último en ser enterrado fue el exinspector de la policía científica Óscar Pérez, de 36 años, que se levantó contra Maduro el 27 de junio pasado, al declararse en rebelión esgrimiendo el artículo 350 de la Constitución, que prevé el desconocimiento de un régimen que no respete la democracia y los derechos humanos.

La Policía política del régimen ha inspeccionado nueve logias masónicas, ya que a Pérez se le asocia con estas sociedades.