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Tras la firma del convenio para levantar el paro médico de 47 días, la restitución de los servicios de salud y el levantamiento de los piquetes de huelga en la ciudad de La Paz aún depende de asambleas informativas, mientras los pacientes aguardan con incertidumbre la venta de fichas de atención en los hospitales públicos de salud.

El expresidente del Colegio Médico de Salud, Edgar Villegas, informó que este martes algunos piquetes aún mantienen la medida de presión pero que en el transcurso de la mañana serán levantados.

En el Hospital del Clínicas los pacientes aún no tenía certeza si venderían fichas de atención, mientras en los pasillos se corrían la voz para  asamblea informativa en horas de la mañana en al auditorio del Hospital Gastroentereológico Boliviano-Japonés. En la Facultad de Medicina aún permanecían los piquetes de huelga de hambre.

Villegas anunció que la entidad organizará actos de reconocimiento a los “valerosos profesionales que ingresaron en huelga de hambre” y a los que estuvieron todos los días, sábado, domingo y feriados en las calles.

Sostuvo que los marchistas no reclamaron incremento salarial sino preservar la dignidad de los profesionales en salud y mejores condiciones de atención a la población boliviana a la que expresó un profundo agradecimiento por las muestras de respaldo a los médicos a lo largo del conflicto.

Dijo que gracias a las movilizaciones, la población se interesó por conocer los alcances del nuevo Código Penal y ahora surge el pedido de la abrogación de la Ley 1005 por considerarla atentatoria a las libertades democráticas.

Manifestó que el mediador del acuerdo debe ser el pueblo boliviano y si el Gobierno incumple, será el mismo pueblo el que juzgue la situación.   

Entre tanto, el diputado Edgar Montaño indicó que la movilización fue producto de varias mentiras que surgieron desde la oposición, como el caso de los gremiales que se movilizan sin considerar que el monto base de la defraudación para iniciar acciones penales subió de 20.000 a 500 mil bolivianos.

“Están queriendo encontrar errores y observaciones donde no existe; hemos recogido todas las opiniones que exigen resolver la retardación de justicia con el acortamiento de plazos, porque una vez puesto en vigencia, los procesos leves debe duran seis meses y los más complejos un año, bajo sanciones a juez, fiscales, abogados y partes interesadas en casos de dilación”, manifestó.

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