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    Once leyes y decretos que obligan a la difusión gratuita de campañas gubernamentales, la persecución tributaria a medios independientes y la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT) amenazan la estabilidad financiera de radios, canales de televisión, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre, según denuncia la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

    La ANP alerta que sindicalistas con afinidad política con el gobierno están impulsando el pago de un nuevo impuesto destinado a un fondo “privado” que representa un tercio del Impuesto a las Transacciones (IT), bajo el argumento de crear un seguro de vida para periodistas, un proyecto cuestionado por su falta de transparencia.

    Desde hace 48 años, la ANP defiende a los medios de comunicación y la ciudadanía basada en las libertades de prensa, de opinión y de expresión, todas consagradas en preceptos universales, tratados internacionales sobre derechos humanos y la propia Constitución Política del Estado (CPE).

    El nuevo golpe financiero determinará el cierre de pequeñas y medianas empresas de noticias, y en lugar de garantizar el seguro de vida para periodistas, conducirá al cierre de medios de comunicación. En consecuencia, los potenciales beneficiarios corren el riesgo de perder su empleo.

    La organización que representa a los principales diarios y una agencia de noticias califica de irracional la aplicación del aporte de uno por ciento del ingreso real y efectivo de los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos y digitales privados, señalado en el artículo 6 de la inconstitucional Ley 554.

    Además la Ley es discriminatoria porque favorece a los productores independientes autogestionarios, medios de comunicación de naciones y pueblos indígena originario y comunitarios con solo la cuarta parte del impuesto (0,25%).

    La intención de la ley es descargar el mayor peso en las empresas privadas dedicadas a la producción y distribución de noticias, muy golpeadas en los últimos 12 años, y con ello se busca crear un millonario fondo que, según la Ley 315, generará excedentes que “podrán ser destinados para cubrir otros beneficios de carácter general” (Art. 7).

    La ANP propuso la contratación de un seguro de vida exclusivamente para los dependientes de cada medio impreso, con mejores condiciones de cobertura para los asegurados, una inversión menor, viable y con una sostenibilidad garantizada para las empresas de comunicación. Considera innecesaria la generación de excedentes a costa de la estabilidad laboral de los trabajadores y la estabilidad financiera de los medios, para fines indeterminados.

    Actualmente, las empresas legalmente establecidas pagan el seguro social obligatorio y realizan aportes a los fondos de pensiones en fiel y estricto cumplimiento del Artículo 48 de la CPE. La imposición de un doble aporte que afecta a las primas de los trabajadores y su propia estabilidad laboral, es inconstitucional, expresa la ANP.

    A pesar de ser un doble aporte, la ANP expresó disposición para contratar seguros de vida en favor de sus propios dependientes de manera directa y no de un inconstitucional “fondo privado”.
    El sector más castigado

    Mientras otros sectores obtienen estímulos a sus actividades económicas, comerciales y productivas, el sector de medios de comunicación independientes es el más castigado con políticas gubernamentales dirigidas a debilitar y asfixiar sus finanzas.

    La semana pasada, el propio presidente Evo Morales promulgó la onceava norma que obliga a publicar avisos a todos los medios generando altos costos adicionales, pero sin ninguna compensación. El decreto tiene por finalidad proteger a los niños, pero incluye un artículo que violenta nuevamente a la frágil economía de los medios privados.

    “La ANP lamenta y condena las acciones del gobierno tendientes a la asfixia económica de los medios independientes”, declaró el presidente de la organización Marcelo Miralles Iporre.

    El decreto dispone que los canales de televisión difundan mensajes elaborados por el Ministerio de Justicia durante 15 minutos al mes. Las radioemisoras incluirán 25 minutos de avisos gratuitos y los diarios un mínimo de una página al mes.

    “Es un atentado contra la libertad de prensa ya que si continúa esta tendencia, llegará el momento en que no existan espacios para difundir noticias en los medios impresos”, explicó Miralles. Las 11 normas son inconstitucionales porque nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución” (CPE. Art. 46, III), afirmó.

    Los diarios bolivianos independientes han denunciado que tras la publicación de noticias incómodas para el gobierno, agentes de la oficina tributaria visitan las casas periodísticas con la finalidad de hallar errores en el pago de tributos, y en muchos casos aplican sanciones económicas arbitrarias.

    Dirigentes de médicos bolivianos denunciaron que tras un conflicto de 47 días, y la derogación de un artículo del Código del Sistema Penal comenzaron a sufrir igual método persecutorio de parte de funcionarios de la entidad recaudadora.

    En 2016, la propia ANP sufrió el congelamiento de cuentas bancarias y una pesada multa.
    Medios impresos perdieron la publicidad estatal, exactamente un día después que nuevos diarios ingresaron a mercados regionales y absorbieron los anuncios gubernamentales.

    Fuente: ANP

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