Guerra entre la soja y los bosques en el norte argentino

Imaginemos que un día dejan de existir Boston, Tokio, Los Angeles o Chicago y que, en lugar de esas grandes ciudades, se extienden largos campos con soja, maíz o girasol. Imaginemos, también, que las poblaciones que allí viven quedan confinadas en un pequeño terruño contaminado. Difícil de creer. Sin embargo, es lo que ocurre con los bosques nativos de Argentina desde hace ocho años, en los que ya se han perdido 750.000 hectáreas. La superficie es comparable a cualquiera de las ciudades citadas o a la cantidad de tierra productiva de la zona centro del país que quedó sumergida en 2017 por, entre otras causas, por el desmonte perpetrado algunos kilómetros al norte.


La organización ecologista Greenpeace elaboró un informe al cumplirse diez años de la sanción de la Ley de Bosques, basado en imágenes satelitales e información oficial que dan cuenta de esa depredación, que el ministerio de Ambiente no niega. Las cifras hablan de la vulnerabilidad de los ecosistemas argentinos ante el avance de la frontera agrícola y ganadera, que no solo se siente en el campo. Según datos del Servicio Meteorológico, en los últimos siete años ha llovido en Buenos Aires casi el 80% de todo lo que cayó el decenio anterior y las precipitaciones ya han superado a las de 1990-1999. El fenómeno se le atribuye sólo al cambio climático, y poco a la acción directa (y perniciosa) del hombre. La selva chaqueña es el paraguas del resto del país.

“La región chaqueña está conformada por las cuatro provincias con mayor cantidad de bosques (Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco) y son las que todavía tienen tierras con mayor aptitud agrícola o ganadera. Se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, dice Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente. “Son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria”, explica. Una de las razones, según Moreno, es que “se generó un sector foresto industrial con muchos problemas de informalidad, falta de valor agregado y baja eficiencia en el uso del recurso”.

Lapachos, quebrachos y algarrobos, especies que tardan 40 años en alcanzar su madurez, ceden su espacio al oro verde. “El bajo precio de la tierra es el cebo”, explica Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace. “Mientras que una hectárea en la zona pampeana (una de las regiones más fértiles del mundo) oscila entre 10.000 y 15.000 dólares, en la zona norte, una hectárea con bosque está entre 300 y 500 dólares. Otros 500 dólares por hectárea se van en la deforestación y es por eso que algunas fincas ocupan 10.000 hectáreas, o sea, media ciudad de Buenos Aires”, completa.

La tala acaba con especies que superan los 40 años de vida. GREENPEACE

Bosques sin protección

La protección de los bosques nativos nunca fue un tema prioritario en Argentina, al punto que la tutela corre por cuenta de cada provincia. El año pasado, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, dio la nota cuando pidió “rezar” como medida más útil para evitar los incendios forestales. El kirchnerismo, en tanto, retiró en 2010 la mitad del presupuesto para la conservación y lo destinó a Fútbol Para Todos, el programa de televisación gratuita de la liga de fútbol. Este año, se destina apenas el 6% de lo que exige la ley sancionada hace una década, y que algunas provincias desconocen.

La ayuda de los satélites es la última oportunidad para salvar a los árboles del destierro. “Es la primera vez que Argentina tiene un instrumento como el ordenamiento territorial implementado en las provincias del país. Más de 50 millones de hectáreas, la superficie nativa total, están ordenadas según su categorización ambiental”, dice Moreno. La oficina que dirige pretende tener listo un sistema de alerta temprana de deforestación para intervenir antes de que se consuma el daño. “También queremos promover sistemas de fiscalización mas eficientes, porque hoy cada provincia controla el comercio y la intención es tener un sistema único”, adelanta.

“Muchos gobiernos provinciales sacaron leyes inferiores a la ley nacional para permitir los desmontes. Es una forma de legalizar la ilegalidad”, analiza Giardini. “Hay provincias que funcionan muy bien y otras con las que tenemos una relación mas compleja. Hay casos como el de Salta que, por medio de decretos, ordenó la recategorización de predios y el ministerio considera que son contrarias a la ley de bosques. Estamos conversando para resolverlo”, asume Moreno.

La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de la sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.

“O incrementas el cultivo de soja o cumplís con la Ley de Bosques”, plantea Giardini, “Muchas veces las multas que se aplican por talar son irrisorias y muy menor a las ganancias que deja la soja. Entonces, necesitamos un debate en el Congreso donde se considere delito penal la deforestación, porque, si se resuelve con dinero, pasa a formar parte de la inversión”.

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