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Fernando García / La Paz
La Ley 1005 del nuevo Código de Sistema Penal aumenta hasta ocho años la pena de privación de libertad para quien cometa el delito de defraudación tributaria. Con la Ley 2492 del Código Tributario, la misma falta era castigada con una pena que no superaba los seis años de cárcel.


El artículo 177 de la norma tributaria decía: “El que dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor o igual a 10.000 Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años...”.

Pero en el artículo 174 del nuevo Código Penal se establece: “La persona que no pague o pague de menos un tributo al que está obligada, por un importe superior a 250.000 UFV, por tributo y período fiscal, previamente establecido en un procedimiento de determinación tributaria con resolución firme o ejecutoriada en sede administrativa o judicial, será sancionada con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años...”.

Para el abogado especialista en la materia, Rafael Vergara, las modificaciones realizadas a la tipificación de la defraudación tributaria son “gravísimas”, al haber sido eliminado el elemento doloso en la comisión delictiva.

“Prácticamente suprimieron el elemento más importante que reconoce la doctrina tributaria en Latinoamérica, que es el elemento del dolo. El anterior artículo 177 decía: ‘El que dolosamente...’. El dolo siempre implica una manifestación de voluntad de hacer algo (...). Por la redacción que se tiene del artículo 174, estaríamos hablando de que lo han vuelto un delito culposo y, en consecuencia, cualquier persona puede cometerlo, no simplemente el que tenga una manifestación de mala fe”, observó.

En ese orden, como la nueva norma endurece las penas privativas de libertad, hace que las penas “secundarias” queden sin efecto y  cualquier persona pueda ser sindicada por la Comisión de Defraudación Tributaria.

“En materia penal, la pena principal es la pena privativa de la libertad y obviamente pueden haber penas accesorias dependiendo del tipo de proceso, pero estas penas accesorias tienen que ver con la multa o, en su defecto, la inhabilitación. En el anterior código se establecía la cárcel para el delito de contrabando, pero hoy día lo han puesto para todo”, advirtió.

El experto también observó la modificación del quántum al momento de calcular la sanción tributaria, que pasó de 10.000 UFV a 250.000 UFV.

“Me parece gravísimo que hayan puesto el quántum técnicamente de 250.000 UFV por tributo y período fiscal. No es lo mismo liquidar IVA que IUE, por ejemplo (...). Se nota que las personas que han redactado (la norma) no han considerado estas variables, que sí estaban previstas”, sostuvo.

Según Vergara, hasta el tenor de la nueva ley resulta discordante con la legislación internacional referida al tema.

“Con la modificación, la defraudación aparece en el ‘Capítulo VI, Delitos Contra la Solidaridad Social y Colectiva’, cuando en la doctrina americana son Delitos Contra la Hacienda”, dijo.

La aplicación,  derogaciones y abrogaciones

Para la aplicación del nuevo Código de Sistema Penal deberán transcurrir 18 meses, en los que se redactarán las reglamentaciones durante el período de prueba de dicho contenido.

“El Código Tributario tiene cinco títulos, el título cuarto es el que regula los ilícitos tributarios, se habla de las contravenciones y de los delitos”, explicó el experto tributario y aduanero Rafael Vergara.

En la “Parte Final, Disposiciones Transitorias” de la nueva norma, se encuentran detalladas las disposiciones primera, segunda y tercera, sobre la Vigencia, Cesación y Causas en Trámite del Código del Sistema Penal.

“Existe una derogación del título cuarto de la Ley 2492, que regulaba los ilícitos tributarios en relación a los delitos. Del Código Tributario lo que estaría quedando básicamente son las contravenciones”, dijo Vergara.

El punto citado por el especialista hace referencia a aquellos actos de defraudación que sean menores a las 250.000 UFV, que son penalizados con base en otro tipo de tratamiento.

“Estos actos se tramitarán mediante un sumario contravencional,  por la vía administrativa, ante la administración tributaria”, agregó el entrevistado.

La Ley del Código del Sistema Penal Boliviano fue promulgada el viernes 15 de diciembre del año pasado, por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, a pesar del rechazo a la norma expresado por varios sectores.

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