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AFP
Un tribunal de apelaciones brasileño dirá mañana miércoles si el expresidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, es culpable de corrupción, en un fallo que puede liquidar sus ambiciones de volver al poder e incluso llevarlo a la cárcel. 

Complicaría su posible candidatura. Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada en julio por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría además el panorama de las ya inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito. El Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales organizan caravanas de centenas de autobuses hacia Porto Alegre (sur), donde se llevará a cabo el proceso, y convocan actos en Sao Paulo, donde el exmandatario (2003-2010) debería aguardar el veredicto.

El PT recurre a una retórica incendiaria para motivar a los simpatizantes de Lula, que sigue gozando de gran popularidad en regiones y sectores que se beneficiaron de sus políticas de distribución de renta.

Organizan concentraciones. "Para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente pero, más que eso, van a tener que matar gente", advirtió la presidente del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en una entrevista publicada el martes por el medio Poder360.

Grupos de derecha también organizan concentraciones para denunciar a Lula.

Asociaciones de magistrados mostraron preocupación por las amenazas que proliferan en las redes sociales contra los tres jueces del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), a cargo del caso. El alcalde de Porto Alegre llegó a pedir el apoyo del ejército para evitar desbordes. Lula, de 72 años, fue condenado como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

Si el TRF4 ratifica la condena, el ícono de la izquierda estará más cerca de la cárcel y de una invalidación de su eventual candidatura. Aunque en principio podrá seguir libre y hacer campaña hasta agotar los recursos ante cortes penales y electorales.

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