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AFP
La expresidenta Cristina Kirchner, senadora por la oposición argentina, reclamó hoy la elevación cuanto antes a juicio oral de la causa en su contra por defraudación al Estado, con el argumento de que se podrán "esclarecer" los hechos.

El pedido tiene "el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan", en la acusación, dijo la exmandataria en un escrito presentado al juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Hasta ahora, el proceso se encuentra en etapa de sustanciación.

Kirchner, de 64 años, está acusada de desviar fondos públicos por unos 46.000 millones de pesos (2.400 millones de dólares) para obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), adjudicadas a un empresario vinculado a su entorno.

La denuncia del caso fue presentada en la justicia por la diputada Margarita Stolbizer, de un partido aliado circunstancial del gobierno del presidente Mauricio Macri.

Los fiscales consideran que también existió "una asociación ilícita" de Kirchner con familiares y amigos para favorecer al empresario Lázaro Báez, en prisión preventiva. La mayoría de las obras públicas en Santa Cruz fueron otorgadas a Báez cuando Kirchner fue presidenta, entre 2007 y 2015.

El objetivo de la exmandataria, según los fiscales, era "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz", la provincia natal del fallecido marido y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). La viuda fue también senadora por Santa Cruz en la década de los años 1990.

"Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios del Estado de Derecho", dijo Kirchner en su escrito con el que pretende acelerar la causa.

La senadora por Unidad Ciudadana (peronista de centroizquierda) tiene otros juicios orales en puerta, uno de ellos por un sistema cambiario supuestamente irregular del Banco Central durante su gobierno y otro por presunto encubrimiento a iraníes acusados por el atentado contra el centro judeo-argentino AMIA en 1994.

Por este último caso, la justicia solicitó en diciembre su detención preventiva, que no cumple por estar amparada por fueros parlamentarios.