La falta de acuerdo parlamentario sitúa a la Administración de EE UU al borde del cierre

El reloj ha empezado a correr en contra. El viernes a medianoche se agota el plazo y nadie tiene una previsión fiable. La primera votación ayer en la Cámara de Representantes fue superada por los republicanos con 230 votos a favor y 197 en contra. Distinto fue el caso en el Senado. Allí los conservadores tienen 51 de los 100 escaños, pero necesitan una mayoría de 60. Ante el miedo a un fracaso, aún se estaba negociando. Hoy, en una jornada de alta tensión, deberá resolverse el órdago.

El problema no es financiero. El desacuerdo no surge de discrepancias en los gastos corrientes. Como ya ocurriera en 2013, la divergencia revela en su núcleo un mal mayor: la fractura social de Estados Unidos. Los republicanos, de hecho, no pretenden resolver de una tacada la financiación del Gobierno, sino que ofrecen un acuerdo provisional que les dé oxígeno un mes más, mientras negocian una propuesta de mayor ambición. Es un modelo similar al que siguieron en septiembre y diciembre para prorrogar los pagos y que recabó el apoyo de los demócratas. Esta vez, sin embargo, la negociación ha encallado y está a punto de irse a pique.

En la raíz del conflicto se halla Donald Trump. En septiembre pasado, decidió acabar con el programa que daba cobertura legal a los dreamers, cerca de 700.000 inmigrantes, casi todos hispanos, que llegaron al país siendo menores. La medida, que afecta a un colectivo conocido por su integración, generó un enorme malestar. Las protestas se sucedieron, pero Trump, en vez de dar marcha atrás, vio en ello un caudal aprovechable para sus intereses y hace dos semanas exigió, a cambio de un acuerdo para los dreamers, que se le concediesen 18.000 millones de dólares para financiar el muro con México. La pretensión hizo saltar por los aires los últimos puentes.

Los demócratas, con fuerte voto hispano y viendo cerca las elecciones legislativas de 2018, no sólo rechazan el muro sino que quieren salvar a los dreamers de la deportación. Ese es el punto medular de su propuesta, aunque también han incluido la petición de ayudas para la devastada isla de Puerto Rico y más medidas contra la crisis de los opioides (casi 60.000 muertos al año).

Los republicanos, incapaces de sortear las exigencias presidenciales, han buscado transferir la carga a la oposición. Para ello han introducido en su propuesta el futuro de un programa de salud para niños sin seguro creado por Bill Clinton. El efecto es de una crudeza binaria: si los demócratas votan a favor de la prórroga de fondos federales, logran extender seis años la vida de esta loable iniciativa; si lo rechazan, fuerzan su cierre.

Los demócratas no han mordido el anzuelo. Por el contrario, han decidido llevar al límite la negociación e incluso un sector apuesta por forzar el cierre del Gobierno si ello permite alcanzar un acuerdo migratorio. “Si aceptamos ahora la propuesta de los republicamos volveremos donde estábamos hace un mes y perderemos la capacidad para negociar”, señaló el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schummer. A favor de esta tesis juega, paradójicamente, la propia fuerza de los republicanos. Con la Casa Blanca y el Congreso en sus manos difícilmente nadie va a culpar a los demócratas del estrangulamiento del Gobierno.

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