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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer el cierre por 72 horas de las comunicaciones y fronteras con las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire, vinculadas a la corona holandesa. El mandatario alegó que su Gobierno “necesita poner orden” y controlar el tráfico de mercancías y el contrabando de productos hacia aquellos destinos, que abonan en el estado de escasez reinante, y aseguró estar dispuesto a tomar “medidas más radicales”, en caso de ser necesario.


Maduro hizo este y otros anuncios durante la celebración de un Consejo de Ministros, desde el Palacio de Miraflores, transmitido por la televisión estatal. Comentó las sanciones adicionales puestas en vigor por el Gobierno estadounidense en contra de sus colaboradores: “Se me está agotando la paciencia con los Estados Unidos. No le voy a tolerar una sanción más a Donald Trump”. 

El dirigente bolivariano intentó ofrecer de nuevo la sensación de tener pleno control de la situación económica del país, y oficializó otras medidas: el pago de un bono especial del Día de Reyes; la reactivación del mecanismo de asignación de divisas para la actividad económica, conocido como Dicom, para el cual convocó al empresariado; y la emisión de 100 millones de petros, la criptomoneda venezolana, cuya unidad llegó a equiparar con el valor de la cesta petrolera en el mercado internacional.

El mandatario agregó que promoverán el uso de casas de cambio virtuales para apuntalar las transacciones del petro y reiteró que el uso de la criptomoneda le servirá a su Gobierno para sortear los efectos de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. El presidente afirmó también que ya hay en Venezuela "50.918 mineros digitales activos", y convocó "para próximo domingo 14 de enero al primer encuentro nacional de los mineros de la criptomoneda el petro". En esa misma fecha, explicó, se presentará "el acta de nacimiento del petro venezolano".

Nuevos desmanes en las calles
El mismo día en que Maduro hacía estos anuncios, el nerviosismo y la tensión regresaron a las calles de varios poblados y ciudades venezolanas.  En Caicara del Orinoco, en el Estado Bolívar, a poco menos de 500 kilómetros al sur de Caracas, una multitud desesperada ante la escasez de comida y dinero en efectivo saqueó más de 20 comercios, dejando en las refriegas 48 detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana.

En los Puertos de Altagracia, poblado ubicado en las adyacencias del Lago de Maracaibo, al occidente del país, un grupo de manifestantes terminó saqueando un depósito de comida de la cadena estatal Pdval, filial de PDVSA, que ofrece productos a precios subsidiados. Episodios similares se vivieron en los estados Trujillo, Monagas y Anzoátegui.

También hubo tensión en algunos automercados ubicados en zonas de clase media en Caracas, como Montalbán, San Bernardino y Terrazas del Avila, una vez que los superindentendentes acreditados por el gobierno decidieran bajar unilateralmente el precio de varios productos de consumo, hecho que produjo compras nerviosas, tumultos y protestas. Los encargados gerenciales de algunas de estas cadenas, de acuerdo a los reportes, huyeron, temiendo ser llevados a prisión. Largas colas fueron divisadas en otros automercados de la ciudad.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, anunció que los automercados deberán vender toda su mercancía con los precios existentes el pasado 15 de diciembre, es decir, un 30 o 40 por ciento más barato que al día de hoy, tomando en cuenta los índices de hiperinflación. La decisión hace temer a muchos por un agravamiento de la escasez y la profundización del resquebrajamiento del aparato industrial y comercial del país.

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