Médicos continúan movilizados

Aunque en la madrugada de ayer, martes, se suscribió un preacuerdo entre el Gobierno y dirigentes del sector médico en Cochabamba, que hacía prever solución al conflicto, por cuyo efecto los centros de salud permanecen cerrados desde hace 42 días; las bases de Tarija, Pando, Cochabamba y La Paz rechazaron las conclusiones y determinaron proseguir con la movilización.

La postura asumida es continuar con la huelga, en rechazo del artículo 205 del Código del Sistema Penal y de la puesta en vigencia de la Autoridad de Fiscalización, hasta que estos intentos de nuevas normativas sean abrogados en su integridad y de manera inmediata.

En algunos casos, también se pide la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, quien no participó de los encuentros del pasado 31 de diciembre y 1 de enero, en Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

En tanto, el Gobierno instó a los galenos a retomar sus actividades tras conocer la posición de sus bases y afirmó que “la movilización ahora ya no es reivindicativa, sino política”.

El sector de los cocaleros, nuevamente, amenazó con enfrentamientos y la ocupación de los hospitales, de persistir el conflicto.

El preacuerdo consiste en que los decretos supremos derogados serán el 3091, 3092 y 3385, que dieron paso a la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, para cumplir con el acuerdo destinado a redactar, de forma conjunta, otra normativa para crear la instancia reguladora de la seguridad social de corto plazo.

En el caso del artículo 205 del nuevo Código Penal se paralizaría su vigencia hasta la aprobación de una Ley General de Salud y la formación del nuevo Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, tareas que deberían cumplirse hasta junio de 2019.

Sin embargo, los colegios médicos que se oponen a levantar las medidas adoptadas piden también la inmediata abrogación del mencionado artículo 205, además expresaron que “no tienen confianza en los resultados de las Cumbres convocadas por el Gobierno”, refiriéndose al anunciado “Encuentro nacional por la salud y la vida”, que permitiría crear un nuevo sistema nacional de atención médica pública y elaborar una Ley General de Salud.

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