Militares que hace años dejaron la FAB aún figuran como activos

Hay militares que aún figuran como personal activo en las listas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), pese a que hace años  dejaron esa institución y actualmente se dedican a otra actividad. De acuerdo a la  ley,  el hecho de que continúen como miembros activos equivale a que el Gobierno desembolsa recursos para el pago de sus salarios y otros beneficios.  

Aunque son varios los casos que se dieron durante años, “decenas”  según señalan fuentes que prefieren el anonimato, este medio identificó a tres militares que están en esta situación al inicio de esta gestión, 2018. 

Ellos se encuentran en la Letra “E” (disponibilidad por procesos en la justicia militar) desde hace 10 años, pese a que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA)  fija un plazo de sólo dos años como tiempo de permanencia en este destino.

 Quizás el caso del mayor Marco Antonio Calvo Zárate sea el más sonado. En 2008, él estaba a cargo de la munición en una base militar de la FAB. Cuando se descubrió que de forma ilegal se sacaba y vendía esa munición se inició un proceso por la vía militar contra él y otros uniformados de rango inferior. 

A Calvo lo encerraron de forma preventiva en la Primera Brigada Aérea de El Alto, lugar de donde escapó en 2009, año desde el cual permanece como prófugo.

Fuentes ligadas a la investigación que se hizo contra Calvo señalaron que su fuga fue planificada. El propósito era que el mayor no implicara a otras altas autoridades en la venta de las municiones. Por eso lo trasladaron de la carceleta de esa unidad militar (en la que estaba en un principio) a una habitación para instructores, lugar desde el cual era  más sencillo salir a través del débil techo de calamina.

El proceso continuó con Calvo como prófugo. En 2011 el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) emitió una sentencia de 20 años de prisión contra Calvo, según un reporte del diario Opinión. Se recomendó también que se investigara a otros jefes militares, entre ellos el excomandante general de la FAB  Luis Adolfo Trigo, quien después se convirtió en Comandante en Jefe de las FFAA y embajador de Bolivia en Venezuela, esto último en 2013. 

La sentencia contra Calvo debía ser ratificada (ejecutoriada)  en el Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM). Página Siete consultó a esta instancia sobre la situación de éste y otros procesos, pero se informó que los datos sólo pueden proporcionarse a las partes implicadas.  También se explicó que aún no  inició el año judicial militar. 

En el TPJM tampoco comenzó el año judicial, por lo que no habría personal para revisar los archivos, indicaron a este medio.

El artículo 85 de la LOFA señala que el militar que se encuentra en la Letra “E” (procesado por vía militar u ordinaria) no será privado de “sus haberes existentes y beneficios sociales que le correspondan”. 

El tiempo de permanencia en esta situación es de dos años. Si hay una condena ejecutoriada se retira al militar de la institución y se le corta su sueldo y beneficios. Si hay una absolución se lo rehabilita con todos sus derechos.  

Un profesional entendido en procesos militares explicó que si en esos dos años  no culmina el proceso con una sentencia (condenatoria o absolutoria) el comando de la fuerza a la que pertenece el sindicado pide un informe a los tribunales. Si se demuestra que el procesado es el responsable de la demora, se lo retira de la institución. Si el retraso no es  culpa suya, se extiende el periodo de permanencia en la Letra “E”. “Aunque es muy extraño que sea por 10 años”, indicó.

Similar situación es la del sargento Humberto Quisbert Limachi, quien se encuentra en la Letra “E” desde 2008 hasta la fecha. En los tribunales militares no se brindó información sobre el delito por el cual comenzó su proceso hace 10 años; sin embargo, existen reportes que lo vinculan al asesinato de un periodista ocurrido en 2001 en la provincia Los Andes de La Paz.  

El 29 de julio de ese año asesinaron al periodista Juan Carlos Encinas, que cubría un conflicto entre dos cooperativas para la explotación de piedra caliza en Catavi. Un informe de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB) señaló que Quisbert y otro militar, Renato Limachi, llevaron armas y municiones a esa contienda.

 Quisbert, que sigue en las listas de la FAB como   activo, ya no trabaja en esta institución y supuestamente desempeña funciones en una empresa estatal, según  información extraoficial. 

El tercer caso identificado es el del teniente Reinaldo Pérez Ardaya, quien se encuentra en la Letra “E” desde  2009. Este uniformado también abandonó la FAB  hace años, aunque no se brindó información sobre el proceso que se le siguió en los tribunales militares.

Cada año el Ministerio de Defensa desembolsa recursos para pagar el sueldo del personal activo de las FFAA, el cual figura en las órdenes de destino de las tres fuerzas. En esta calificación de “activos” entran Calvo, Quisbert y Pérez, pero no se evidenció que continúen cobrando sus haberes ni qué tratamiento da Defensa a estos efectivos. 

Se consultó a la unidad de comunicación del ministerio la posibilidad de acceder a información al respecto, pero no hubo respuesta. También se pidió información al Comando General de la FAB, desde donde se indicó que se reunirían los informes pertinentes para brindar una respuesta en los próximos días.

Dockweiler, otro caso que no se explicó

Otro caso parecido al de los tres militares mencionados fue el del coronel César Dockweiler Suárez. Desde 2010 hasta 2015 él trabajó para el Gobierno, pero en el mismo lapso de tiempo figuró en las listas de la FAB con cargos que nunca ocupó.

 El  gerente de Mi Teleférico dijo que nunca cobró dos sueldos, aunque en 2014 reconoció que recibía un sueldo “a nivel gerencial” y luego negó este extremo. Asimismo, no aclaró por qué seguía en la orden de destinos de la Fuerza Aérea en puestos en los que no estuvo. La FAB tampoco aclaró este extremo y en 2015 recién procedió a desvincularlo de la institución.

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