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El Tribunal de Arbitraje decidió suspender el debate sobre la cuantificación del supuesto daño económico de al menos $us 675,7 millones que reclama la firma Glencore a Bolivia por la reversión a manos del Estado de las empresas que administraba: el complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri.

La información corresponde a la Procuraduría General del Estado, encargada de defender los intereses bolivianos en la demanda. La decisión implica la posibilidad de que el Tribunal primero resuelva la existencia o no de jurisdicción para atender el caso sin entrar a resolver el monto demandado, se explicó.

El 15 de agosto de 2017, la empresa Glencore Finance (Bermuda) Limited demandó al Estado Plurinacional Bolivia ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por la reversión de las Plantas de Fundición de Vinto de estaño (2007) y antimonio (2010) y del yacimiento Minero de Colquiri (2012), recordó la Procuraduría.

El Estado fue notificado recientemente con la decisión de que la jurisdicción y admisibilidad de reclamos serán resueltas conjuntamente con los argumentos de fondo de la controversia, y que suspenderá el debate sobre la cuantificación del supuesto daño.

La Procuraduría, record, que presentó el escrito de Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal, Contestación a la Demanda y Respuesta a la Bifurcación del Procedimiento, en 18 de diciembre de 2017, en el que puso en conocimiento del Tribunal las ilegalidades para la adquisición de los activos en litigio por parte de empresas de propiedad del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada así como el abuso del derecho por parte de la empresa suiza Glencore Plc para iniciar el arbitraje.

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