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La esposa de Óscar Pérez, el expolicía abatido este lunes a las afueras de Caracas junto a otros seis rebeldes por el régimen de Nicolás Maduro, Danahis Vivas, ha pedido al Gobierno venezolano que permita a su familia identificar el cuerpo y que no lo incineren. «No autorizamos su cremación», ha asegurado a través de Twitter.
El cuerpo del antiguo inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentra en la morgue del Bello Monte, que permanece blindado por agentes de las fuerzas del orden bolivarianas. Un empleado de la morgue que pidió reservar su identidad informó de que había «una orden del gobierno: aplicar similar procedimiento que el de José Antonio “El Picure” Tovar Colina (ocurrida en mayo de 2016) cuyo cadáver fue cremado para no entregárselo a sus deudos», según informa «El Nacional».

Óscar Pérez se encontraba en busca y captura desde que el pasado junio se había hecho con un helicóptero con el que sobrevoló las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo en Caracas y efectuó varios disparos.

Óscar Pérez, en uno de los vídeos difundidos por él mismo
Óscar Pérez, en uno de los vídeos difundidos por él mismo - ABC


Un familiar de José Alejandro Díaz Pimentel, otro de los miembros del grupo de Óscar Pérez que perdió la vida el lunes, aseguró a ABC que policías del régimen anunciaron a los parientes más próximos, en cuanto comenzó la operación, que «los iban a asesinar, no iban a salir vivos, los iban a ajusticiar». Según este allegado, residente en España y que prefiere ocultar su nombre, mientras se acorralaba a Pérez y los suyos grupos de policías se apostaron en las cercanías de las viviendas de sus familiares en Venezuela y los mantuvieron «sitiados», «bajo vigilancia», con «movilidad reducida» y «sin comunicación con el mundo exterior».

Cuando aún no se conocía que Óscar Pérez y otros seis miembros del grupo habían muerto en la urbanización «El Araguaney» de El Junquito, un coronel de la Guardia Nacional adelantó a la familia, en tono de burla, que «no le iban a entregar el cuerpo para que no se crease un símbolo» de la lucha contra el régimen, explica el pariente con el que ha podido hablar ABC.

La acusación al régimen de Maduro de haber «ajusticiado» a Óscar Pérez y las otras seis personas se han multiplicado en las últimas horas.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, tardó 24 horas en informar en rueda de prensa de los hechos, y entonces únicamente a medios estatales. Según Reverol, se trataba de «una célula terrorista» que se habría enfrentado a las patrullas. Además de Pérez y Pimentel, completó la lista de abatidos con los nombres de Daniel Soto, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez Mantilla. Según su versión, «a pesar de tratar de negociar la rendición pacífica, iniciaron de manera violenta el enfrentamiento en contra de los funcionarios».

En cambio, el propio Óscar Pérez difundió por vídeo en las redes sociales cómo pedía a las fuerzas boliviarianas: «Nos vamos a entregar, no sigan disparando».

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha condenado en un comunicado las «irresponsables y falsas insinuaciones» del régimen y calificó de «ejecución extrajudicial» la muerte del exagente y las personas que lo acompañaban. Asímismo, pidió al Ejecutivo de Maduro aclarar la participación de «paramilitares armados» en el operativo. En este sentido, en medios venezolanos se ha informado de que murió en la operación Heiker Vázquez, líder de Las Tres Raíces del 23 de Enero, uno de los llamados «colectivos» o grupos civiles violentos que actúan amparados por el régimen.
Foro Penal: «Fue un ajusticiamiento»

«Vimos una ejecución extrajudicial en vivo, algo que no se había visto en América Latina hasta ahora», asegura a ABC la coordinadora en España de Foro Penal Venezolano, Isabel Cristina Álvarez, que pide «una investigación seria y objetiva» sobre lo sucedido. En este sentido, esta organización dedicada al apoyo a las víctimas de la represión, reclama al Gobierno español y a la Unión Europea que «presionen» para que se indague en lo que califica también de «ajusticiamiento». Incluso considera que el caso debería estar en manos de la Corte Penal Internacional por posibles «crímenes de guerra».

Álvarez arremete también contra la posible incineración de los cadáveres sin que se les entregue a las familias. «El cadáver de una persona que no ha fallecido de forma natural no puede ser cremado por ley, sino que hay que hacerle la autopsia e inhumarlo», subraya.

La participación en esta acción de grupos paramilitares supone, además, «romper todos los esquemas de un procedimiento legal», asegura. A su juicio, «Venezuela vive un genocidio diario, está muriendo día a día».

La coordinadora de Foro Penal en España recuerda que algunas oenegés y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida por el régimen, hablan de más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos años en Venezuela. «De esta de Óscar Pérez nos entermaos porque fueron grabados los hechos. Es decir, miles se han pasado bajo la mesa sin que nadie se entere», apunta.

Precisamente, en esa línea se ha pronunciado la propia Orteg, fiscal general de la República que fue apartada por el régimen tras sus críticas hacia el madurismo. También para ella se trató de una «ejecución extrajudicial», con la que se puso de manifiesto que el Gobierno venezolano es «genocida y violador de derechos humanos».

«El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y estuvo a su disposición entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad pues la orden era asesinarlo», señaló a través de Twitter.



Desde la organización Human Rigths Watch, su director ejecutivo para el continente americano, José Miguel Vivanco, recuerda que durante las dictaduras en Argentina y Chile «aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en “enfrentamientos”» y que en muchas ocasiones «se trataba de ajusticiamientos». «Da la impresión que lo mismo ocurrió ayer en Venezuela», ha escrito también en Twitter.




El diputado de la Asamblea Stalin González, del partido Un Nuevo Tiempo, aseguró que la Comisión de Política Interior del Parlamento realizará una investigación sobre los hechos.