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El abogado de las víctimas de octubre negro Rogelio Mayta, advirtió este jueves que la posibilidad de extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín “se hace difícil con unas relaciones diplomáticas tensas y conflictivas” entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos.

Observó sin embargo que existe voluntad de los Estados Unidos de resguardar a las dos ex autoridades que son demandadas por la justicia boliviana, por los delitos de supuesto genocidio cometido durante las jornadas de octubre de 2003, cuando fallecieron cerca de 60 personas y 400 acabaron heridas.

Mayta formuló esos comentarios a propósito de la decisión del juez de la Corte del Distrito de Miami, Florida, James Cohn, quien autorizó un juicio civil llevada adelante de manera privada,  por una decena de víctimas que demandan un resarcimiento.

La posibilidad de una sentencia contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, despertó interés en autoridades bolivianas sobre una posible extradición a Bolivia, aunque el abogado Mayta ve difícil por las actuales relaciones de ambos países, que retiraron embajadores tras la expulsión de Philip Goldberg en 2008, acusado de inmiscuirse en asuntos internos del país.

El ministro de Justicia Héctor Arce dijo que el gobierno, aunque no es parte del juicio civil a instalarse el próximo 5 de marzo, espera que el mismo sea un avance para que el poder político estadounidense viabilice su extradición a Bolivia.

Arce lamentó que el caso fuera “bloqueado” por la actitud cómplice del gobierno de EEUU que, pese a la insistencia, nunca aceptó la petición de extradición.

“Este juicio civil, que es separado del juicio de responsabilidades (…) es un incentivo y elemento que ojalá sea tomado en cuenta por el poder político estadounidense y puedan darse cuenta que en Bolivia se han vivido una serie de violaciones a los derechos humanos”, afirmó la autoridad.

La solicitud del proceso civil empezó en 2007, cuatro años después de que Sánchez de Lozada abandonara el país, tras su caída del gobierno.

Mayta lamentó que la tardía autorización del Congreso de 2004, haya permitido que en un año, Sánchez de Lozada venda sus millonarias acciones en Comsur, lo que podría de alguna manera dificultar un eventual resarcimiento.  

Empero aclaró que para la defensa no es importante conocer cuánto será el resarcimiento, sino obtener una sentencia que califique el daño civil para futuras acciones legales.

Para el Defensor del Pueblo, David Tezanos,  la autorización  constituye un hito histórico porque por primera vez la justicia norteamericana, estaría procesando a un expresidente extranjero por violaciones a los derechos humanos; siendo que eran personas que respondían a intereses del propio gobierno de Estados Unidos.

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