Caso Rodríguez-Saavedra: Exasambleísta Calvimontes dijo que ALDT no puede interpelar a directores

De acuerdo con declaraciones de la exasambleísta constitucional, Magda Calvimontes, el acto de interpelación a Daniela Rodríguez, actual directora y a Carlos Saavedra, exdirector de Comunicación de la Gobernación, el día de ayer, es más político que técnico efectuado por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT.

“La Asamblea Legislativa Departamental no puede censurar a directores, la Declaración Constitucional Nº 109, ha señalado que solo puede pedir informes a los secretarios y no a los directores, así está en el Estatuto Autonómico Departamental”.

Calvimontes manifestó además: “El pueblo al elegir a un asambleísta no debe seguir equivocándose. Darle el control absoluto al ente Legislativo, al partido de Gobierno, (ello) hace que solo se dedique a violar la autonomía departamental, pisar el Estatuto Autonómico y pretender gobernar desde la Asamblea Legislativa Departamental, haciendo leyes de repartija de dinero, a diestra y siniestra, ni siquiera programado en el POA, cuyo presupuesto fue aprobado por ley nacional, a otro nivel de autonomía, para competencias exclusivas de municipios, ni siquiera compartidas. Sólo cuando se transfiere competencias se transfiere recursos”.

La interpelación y censura solo procede contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva, en éste caso el Gobernador.

Por otra parte explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP en la DCP 009/2014 de 25 de febrero de 2014, realizó el control de constitucionalidad al proyecto de Estatuto Autonómico del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. En el proyecto de Estatuto en el Artículo 59 estaba como atribución de la Asamblea Departamental, en el numeral 9) “Interpelar a las y los secretarios departamentales y directores a iniciativa de cualquier asambleísta. La censura implicará la destitución de las autoridades interpeladas, la censura se acordará por dos tercios.

El TCP señaló que por efecto de la separación de las funciones de la ALD (Asamblea Legislativa Departamental) y del Órgano Ejecutivo es el la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) la única que tiene la facultad para destituir, porque la facultad de supervisión no le da la de sancionar, considerando que la misma “se debe imponer en el marco del debido proceso “y que no está subordinado a otro órgano”. Y que la interpelación y censura solo “procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios”.

Bajo ese marco constitucional y legal “sólo son objeto de interpelación y censura los secretarios departamentales, pero no podrán ser destituidos”.

Es por ello que la redacción del Artículo 57 del Estatuto Autonómico Departamental vigente, establece en el numeral 9: “Interpelar a las y los secretarios departamentales a iniciativa de cualquier asambleísta. La Censura se acordará por dos tercios de los miembros de la Asamblea Departamental.

En resumen los asambleístas departamentales no tienen atribución ni de interpelar ni de censurar a los directores; menos pedir su destitución.

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