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El senador Arturo Murillo cuestionó que el fiscal Anticorrupción que fue destituido en un proceso disciplinario ahora esté a cargo de los casos más polémicos que están en la justicia.

El actual fiscal Anticorrupción en los casos Zapata, Illanes y Pari, Daniel Ayala Yupanqui, fue sancionado con “baja definitiva” de la Policía porque incumplió temeraria y dolosamente sus deberes y disposiciones legales emanadas de la autoridad judicial, denunció el senador Arturo Murillo.

“¿Quién es el exfiscal policial?, hoy fiscal (Daniel) Ayala, fue suspendido de la Policía y expulsado por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana con la resolución de condena en 2011, que lo sanciona con baja definitiva sin derecho a reincorporación”, señala la Resolución Administrativa 023/2011.

En la parte considerativa de la resolución señala que el fiscal y el investigador han acumulado suficientes pruebas para demostrar que Daniel Ayala Yupanqui “incumplió temeraria y dolosamente de sus deberes y de las disposiciones legales emanadas de autoridad judicial  e instrucción de un superior jerárquico al alterar los elementos de juicio en la organización de procesos disciplinarios, por afecto o desafecto a los inculpados o por la perspectiva de recibir un beneficio”.

Asimismo “incumplió a mandatos órdenes y otras disposiciones reglamentarias con su conducta ha transgredido la falta disciplinaria calificada en el marco de las normas disciplinarias.

El legislador afirmó que con este “prontuario” Ayala es fiscal, “brazo derecho” del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. “Nos preguntamos ¿qué tipo de abogados está manejando el Ministerio Público?, ahora podemos entender por qué los delincuentes están en la calles y los inocentes en las cárceles. Estos fiscales persiguen en los juicios políticos”.

La información fue proporcionada una día después que presentó una petición de informe oral dirigida al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, para que explique sobre el avance de las investigaciones en el asesinado del exviceministro Rodolfo Illanes y cinco mineros cooperativistas en un conflicto desatado en agosto de 2016.

Murillo planteó el informe oral, luego de que el fiscal Edwin Blanco y el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga se enfrentaron en declaraciones mutuas. Este último le acuso de parecer el representante de los delincuentes por dejar en libertad a las denominadas “pildoritas”.

Mientras que Blanco lo culpó de exacerbar los ánimos de los mineros cooperativistas durante el conflicto en Panduro, hecho que derivó en el asesinato de Illanes, además lo acuso de influenciar en un caso de su suegra.

El senador cuestionó el por qué Ayala, con los antecedentes disciplinarios que tiene, está ocupando un cargo en el Ministerio Público y segundo, por qué de manera coincidente tiene a su cargo los casos más polémicos que comprometen al Estado.

Por estas razones, planteó una petición de informe oral al Fiscal General del Estado, ramiro Guerrero para que informe sobre las atribuciones y virtudes de Ayala.

Lamentó que no solo la administración de justicia esté "podrida" sino el Ministerio Público.

Fuente: noticiasfides.com
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