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La Unidad de Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una investigación contra la abogada Fabiola Elena M.G. asesora del canciller Fernando Huanacuni, por supuestamente haber cobrado 30.000 bolivianos por un cargo en la Unidad de Gestión Jurídica de esa cartera de Estado, entre los meses de julio a agosto de 2017.

En respuesta a un cuestionario de ocho preguntas, la víctima de nombre ficticio Gabriela envió el pasado 18 de enero, una relación circunstanciada desde que Fabiola tomó contacto con ella en julio de 2017 para contratarla como abogada para que atendiera el divorcio de su hermana y luego ofrecerle trabajo, hasta forzar su salida en noviembre del año pasado.

Gabriela relata que el 15 de julio recibió su memorándum para un cargo en la Unidad de Gestión Jurídica y se incorporó el 21 de julio y al segundo día de trabajo, fue llamada por Fabiola Elena a su despacho, que por entonces no era asesora de Huanacuni, sino una influyente abogada que hablaba y actuaba a nombre de los dirigentes de los movimientos sociales y del propio Canciller.

En esa oportunidad Fabiola – según el documento al que tuvo acceso Erbol – le pidió 10.000 bolivianos para los “dirigentes” que habían influido sobre Huanacuni para la designación. Desde ese momento, comenzó el calvario de la flamante funcionaria que aceptó pagar, lo que consideraba normal, el 3 por ciento del salario en favor del partido, pero que lo haría según vaya recibiendo su sueldo.

Llevada por la necesidad de trabajo, echó mano de sus ahorros y el 24 de julio a horas 8:30 entregó en su despacho a Fabiola, la suma solicitada, indicándole que había cumplido. A contrapunto recibió la advertencia que todavía hay que “hablar más adelante”.

Al cumplir la semana, nuevamente fue convocada al despacho de Fabiola quien en esta oportunidad le transmitió que “los dirigentes le estaban insistiendo que se les cancelara el monto que restaba” la suma de 20.000 bolivianos para completar. 

Gabriela confundida y viendo la necesidad de garantizar alimentación de su hijo de tres años y los medicamentos de su madre que vivía en Cochabamba, le dijo que podía pagarle pero con el sueldo que recibiría durante el ejercicio del cargo.

Ante la intransigencia, pidió unos días y logró juntar 5.000 bolivianos y le comunicó que tenía ese monto. La respuesta de descontento derivó en que Gabriela cayera en la desesperación. Utilizó los 5.000 bolivianos que eran destinados para gastos de traslado de Oruro a La Paz. Una cantidad similar aportó la madre con parte de su renta y otros 5.000 fue un préstamo de un colega suyo. 

Con 15.000 bolivianos en mano, se presentó el lunes 30 de julio ante la influyente abogada, quien otra vez molesta por el aparente incumplimiento, le dijo que para “no quedar mal con los dirigentes” le iba a prestar 5.000 y completar los 20.000 bolivianos.



“Por una parte me sentía impotente de no poder reclamar, ya que mi necesidad de un trabajo era fundamental para poder estar tranquila aun cuando estaba lejos de mi hijo y de mi familia. Fue un total de Bs. 30.000 que le di en distintas fechas a la Dra. (M), para entonces ya era principios del mes de agosto y había cancelado el monto de dinero que me pidió la Dra. (M), incluso sabiendo que para cumplir yo me había endeudado con otras personas” dice en su respuesta. 

“Una vez que ya le termine de cancelar su conducta hacia mi persona repentinamente fue cambiando, me hacía rehacer notas administrativas, no le gustaba mi redacción y otras falencias que me observaba, como que me decía que yo no era nada objetiva en administrativo, a lo que siempre le respondí que mi área era materia penal y no así área administrativa y que ese aspecto era de su conocimiento, pero se molestaba indicándome que tendría que habituarme ya que necesitaban ayuda en el tema administrativo”, indica la abogada natural de Oruro y que con el cambio de ciudad, enfrentó una serie de dificultades.

Debido a los rumores de desvinculación de varios funcionarios y con el fin de buscar protección laboral, el 21 de noviembre presentó denuncia ante la Presidencia del Estado, haciendo conocer excesiva presión, abusos, mal ambiente de trabajo, lleno de “chismes” para generar desconfianza y obligar a renunciar.

En medio de aquel ambiente laboral fue ascendida como Asesora de Despacho y subió en autoridad para ejercer presión hasta alejarla del cargo. El 22 de noviembre Gabriela presentó renuncia al cargo y luego la encaró por la devolución de los 30.000 bolivianos. “Hoy mismo te devuelvo tu dinero, lo haré a las 18:30”, le respondió.

De manera sorpresiva al día siguiente Fabiola se presentó en el domicilio de Gabriela donde le dijo “si yo quiero te devuelvo” y le ofreció 20.000 bolivianos porque había trabajado cuatro meses. Ante la negativa y aclararle que ya no era su dependiente, no tuvo otra opción que sacar de la cartera los 30.000 a condición de que firmara un recibo y borrara todos los mensajes del celular donde le insistía por los pagos en favor de los dirigentes y el caso quedó zanjado.

La Unidad de Transparencia convocó entre el 24 y 25 de enero pasado a Fabiola Elena para que presentara sus descargos e investida del cargo de Asesora de Despacho, durante la entrevista de rigor, se acogió al derecho del silencio. Erbol buscó a Fabiola para conocer su versión entre el tercer y sexto piso de la Cancillería, pero no fue posible encontrarla para recoger su versión, tomando en cuenta que en toda la relación de hechos, figura no sólo su identidad, sino la del Canciller.

De acuerdo a normativa interna, la Unidad de Transparencia debe emitir informe en base a los testimonios recogidos con la recomendación de continuar proceso en la vía administrativa, civil o penal, que supone este último Ministerio Público, pero que la decisión saldrá del mismo despacho de Huanacuni.

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