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La Guardia Civil española acusa a los líderes y principales responsables independentistas de la región de Cataluña de actuar con "tácticas propias de la delincuencia organizada", amparadas en el "secretismo" y un "lenguaje convenido propio".


Esto demuestra "cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación", según un informe remitido por este cuerpo de seguridad al Tribunal Supremo (TS), que investiga al ex presidente catalán Carles Puigdemont -huido de la Justicia, acusado de rebelión y sedición- y antiguos altos cargos regionales por el proceso secesionista unilateral promovido en 2017.

La Guardia Civil destaca que la cúpula independentista manejaba una hoja de ruta que "no fue fruto del azar", sino que estaba "suficientemente planificada" por etapas y pasos.

Los investigadores apuntan a Puigdemont, al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras -en prisión preventiva- y al ex consejero de Asuntos Exteriores Raúl Romeva -en libertad provisional- como los máximos responsables del referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del 1 de octubre de 2017.

(AP Photo/Manu Fernandez)

Según el informe, a lo largo de las diversas intervenciones telefónicas se ha detectado la adopción por parte de los dirigentes independentistas de "unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada".

Bajo esta estrategia, según la investigación, "los ideólogos del independentismo activaron mecanismo de desobediencia generalizada hacia las instituciones y resoluciones del Estado y prepararon a sus seguidores para un conflicto político, social y económico".

La documentación de la Guardia Civil señala "cerebro de la logística" independentista a Josep María Jové, persona de confianza de Junqueras, que es líder del partido ERC (izquierda republicana). Jové recibía órdenes y despachaba asuntos directamente con Junqueras y también con Marta Rovira (número 2 de ERC), quien, a juicio de la Guardia Civil, tuvo un papel fundamental en el proceso.

Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra (EFE)

Además, el anterior gobierno catalán pagó alrededor de un millón de euros (sin contar impuestos) a la empresa de transportes Unipost por enviar cartas y tarjetas censales del referéndum ilegal, según la Guardia Civil. Y gastó otros 502.639 euros en publicidadde la convocatoria.

(Con información de EFE)