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Los últimos hechos de violencia contra menores de edad en el país llevaron al Gobierno a intervenir como querellante en los casos de infanticidio en El Alto, pornografía infantil en Santa Cruz, la muerte del bebé Alexander y el presunto abuso sexual de una adolescente. Dos de los casos suscitados en las últimas horas consternaron a la población boliviana: el abuso sexual a una niña de ocho años en Palmasola y la muerte de una bebé de dos años golpeada por su padre que fue sentenciado a 30 años de prisión.

El Ministerio de Justicia hizo conocer ayer que se constituyó en querellante en cuatro casos. “El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reprocha actos tan crueles y cobardes como los de lastimar a niñas y niños indefensos, siendo deber del Estado, la familia y sociedad en general, protegerlos y restituir sus derechos”, señaló la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales.

La investigación preliminar del caso de abuso sexual a una niña de ocho años en Santa Cruz, donde sus verdugos fueron su madre, ya muerta y un reo que cumple una condena de 11 años por violación, establece que el video fue grabado dentro de un reclusorio de Palmasola.

Así lo confirmó la menor de edad a las autoridades que investigan el hecho, situación que nuevamente trajo a la mesa del debate la inexistencia de controles efectivos dentro del penal Palmasola que tiene más del 40% de la población de internos de todo el país.

Las explicaciones que dio la niña pusieron como el escenario del vejamen una de las habitaciones del régimen abierto del penal, sector conocido como el PC-4, donde la seguridad interna es manejada por los mismos reclusos, extremo que se corroboró el martes de la semana pasada cuando estos “agentes”, recluidos por cometer algún ilícito, confiscaron el teléfono celular donde se encontró el video que destapó el hecho y donde también hay otros videos pornográficos caseros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, al ser consultado sobre la efectividad de los controles al interior del centro, indicó que no se trata de falta de personal de seguridad, sino de mayor tecnología y agregó que esto se está trabajando dentro del programa BOL-111, labor que se ejecuta en conjunto las autoridades de España, Francia e Italia.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Iver Melgarejo, no negó ni confirmó que el video del abuso sexual se hubiera filmado al interior del centro bajo su administración.

CASO de INFANTICIDIO

Jesús Cortés fue declarado culpable del infanticidio de su hija de dos años y siete meses y condenado a 30 años de privación de libertad en la cárcel Chonchocoro por decisión del juez 6º de Instrucción Penal Cautelar de El Alto, Jorge Gutiérrez.

Según el fiscal Sergio Bustillos, el acusado reconoció en la audiencia su participación en el delito y renunció a un juicio oral y contradictorio. En ese contexto, el sujeto se sometió a procedimiento abreviado.

El fallecimiento de la niña ocurrió el domingo 25 de febrero. Según las investigaciones, en su casa de la zona Santa Rosa, el padre golpeó a la niña en el abdomen con tal brutalidad, que le causó un sangrado que resultó fatal.

La madre de la víctima fallecida, Belén C., también acusada de violencia hacia su hija, fue enviada con detención preventiva a la cárcel de Miraflores.

El proceso judicial continuará contra ella. El fiscal Bustillos afirmó que la niña era víctima de violencia de manera recurrente de parte de sus padres.

Incluso, el día de su fallecimiento, ella fue castigada en la madrugada por su madre con golpes y agua fría. Después, la mujer se fue a su puesto de venta en la feria 16 de Julio, dejando a su hija con su pareja. La familia de Belén hizo un mitin de protesta mientras se realizaba la audiencia. Aseguraron que la madre es inocente y que el padre tiene historial violento.

Los familiares recordaron que Cortés quería evitar reconocer a la niña como su hija, y que obligó a Belén a que se fuera a vivir con él para no pagar pensiones.

Caso bebé Alexander: Echan a director de Defensa Pública

Las constantes faltas del director del Servicio Nacional de Defensa Pública (SEPDEP), Juan Andrade Guerra, a las audiencias del caso Alexander que motivaron la suspensión de varias audiencias, sumando hasta la actualidad 233 veces, motivaron su destitución.

La información fue dada a conocer por la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, quien dijo que se decidió asumir medidas correctivas en el proceso hasta lograr justicia.

"Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve adelante en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño víctima de violación sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia", afirmó Durán.

El juicio oral en el caso Alexander se inició el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no hay sentencia ni en primera instancia.

El último hecho en el que intervendrá el Ministerio de Gobierno es en la denuncia de violación por parte de un diputado del oficialismo a una adolescente de 14 años.

En otro caso, una bebé, de entre uno y dos meses de nacida, fue abandonada en un bar de El Alto. Intentaron salvarle la vida llevándole a un centro de salud, pero la niña falleció, informó el director de la fuerza anticrimen regional, Carlos Prada.