La CIDH admite demanda por incumplimiento del referéndum del 21-F

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda contra el Estado boliviano formulada por activistas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y los exdefensores del pueblo Rolando Villena y Waldo Albarracín, por el incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la posterior habilitación del presidente Evo Morales para la reelección.
Remberto Cárdenas, uno de los firmantes de la demanda, informó de que “el organismo internacional admitió la denuncia y anunció que en cinco semanas emitirá una resolución explícita”.


Afirmó que la demanda ante esta instancia internacional fue presentada por el incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó la reforma a la Constitución para posibilitar la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y por el cuestionado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita una nueva candidatura de Evo Morales.


Cárdenas puntualizó que los impulsores de la denuncia internacional reclaman por la violación de los derechos humanos de la población boliviana que rechazó una reforma constitucional con la que se pretendía habilitar al actual mandatario para una reelección consecutiva.

Por su parte, el exdefensor del pueblo Rolando Villena indicó que se trata de una “gratísima noticia”, porque significa que la CIDH ha leído con detenimiento la demanda presentada, en la que se explican los antecedentes jurídicos e inconstitucionales que ponen en grave riesgo la continuidad de la democracia. “Creo que esto ha sido sopesado para la admisión de la demanda”, dijo Villena.

Según Villena, es posible que una comisión de la CIDH se presente en nuestro país para hacer las indagaciones del caso en el contexto nacional.


La voz del Gobierno
Al respecto, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la repostulación de autoridades electas es inapelable y que el fondo de dicha demanda es político.

“Lo medular del asunto es que en 2019 son las elecciones y el presidente Evo Morales está habilitado como candidato. Hay políticos de oposición que no quieren que el presidente sea candidato y están  haciendo todas estas acciones”, dijo Siles, al agregar que los sectores tienen el derecho de iniciar cualquier acción, pero deben entender que el país, al ser un “Estado independiente y soberano, se rige por sus instituciones”.  Insistió en que el tribunal emitió un fallo que es de cumplimiento obligatorio.

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