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Los alumnos supervivientes de la matanza de Parkland encabezan un nuevo impulso por la regulación de la venta de armamento y convocan a una gran marcha en marzo en Washington.

Una matanza tras otra, Estados Unidos –o al menos la mitad de la población que reclama más control de las armas– espera que al fin uno de esos baños de sangre sirva de catalizador para el cambio.

Hoy esa ilusión, que hasta ahora siempre se ha apagado unos días después del terror, se alimenta de la vigorosa reacción de los estudiantes del instituto de Parkland, donde el miércoles pasado, día de San Valentín, fueron asesinados 14 adolescentes y tres adultos por un exalumno armado con un fusil de asalto. En medio del dolor de los funerales, estudiantes supervivientes y sus padres se han organizado con el propósito de no dejar pasar la oportunidad de presionar a la clase política para embridar el potro salvaje del mercado de las armas. Han convocado una manifestación el 24 de marzo en Washington con el lema Marcha por nuestras vidas a la que quieren que se sumen jóvenes de todo el país. En las redes sociales se multiplican los mensajes con los hashtag #NeverAgain [Nunca más] o #MeNext [¿Yo soy el próximo?] y preguntas que apuntan a los enredos más absurdos del alma de EE UU: ¿Cómo puede ser que un joven de 19 años pueda comprar un fusil y no una cerveza?

El movimiento ya tiene un rostro, el de Emma González, una estudiante de 18 años del instituto Stoneman Douglas, lugar de la masacre, que el sábado capturó la atención de EE UU con un emotivo discurso que se viralizó y en el que llamó a convertir Parkland en un punto y aparte de la sangría de las armas. "Vamos a ser los chicos sobre los que leáis en los libros de texto", dijo, "porque el nuestro va a ser el último tiroteo en masa".

El impulso de los estudiantes de Parkland se medirá con la mecánica inercia con la que Estados Unidos pasa página tras los acontecimientos más salvajes, como las matanzas de la primaria Sandy Hook (2012, 20 niños y seis adultos muertos) o la reciente en el concierto de Las Vegas (octubre de 2017, 58 muertos, cifra récord). La comunidad de Parkland apuesta por tratar de cambiar el guión y sostener la llama de la indignación. "Yo creo en este movimiento", decía este lunes a EL PAÍS por teléfono Daniel Journey, 17 años, superviviente del tiroteo. "Si hay una comunidad a la que no quieres tener en contra es la nuestra, llena de abogados y contactos políticos. El mundo entero nos está mirando y el Gobierno está contra la pared. Han muerto 17 personas porque un chico loco se pudo comprar un fusil AR-15. Esto es terrorífico. Nadie necesita un AR-15 para defenderse. Basta con una pistola y un spray de pimienta, ¿no es cierto?".

"Es urgente cambiar las reglas de acceso a las armas", comentó otra estudiante del instituto, Carly Gehris, de 18 años. "No podemos seguir atados a la Segunda Enmienda constitucional [que garantiza el derecho a protegerse con armas]. Ya no tiene el sentido que tuvo cuando se escribió hace más de dos siglos. Ni las armas son las que eran entonces ni tampoco la necesidad de usarlas". Los jóvenes ponen el foco en la necesidad de restringir el acceso a las armas más potentes.

"No pedimos que se le quiten las armas a la gente, lo que pedimos es que se garantice seguridad en torno a las armas", dijo Emma González.

La conmoción provocada por la matanza y el incipiente activismo estudiantil han motivado los primeros movimientos políticos. Los medios locales de Florida informan de que entre congresistas republicanos y demócratas se cuece algo inédito en este Estado: promover un retoque legislativo que ponga barreras al acceso a fusiles semiautomáticos. "Se lo debemos a las víctimas", afirmó el senador estatal republicano Bill Galvano, que encabeza la iniciativa. El asesino de Parkland, Nikolas Cruz, de 19 años, usó un fusil AR-15 de alto poder. En solo seis minutos, pudo matar a 17 personas.

Pero el mensaje del movimiento de Parkland supera el ámbito estatal y se dirige al Congreso federal y a la Casa Blanca, donde en último término se juega la batalla por el control de las armas. El presidente Donald Trump ha recibido críticas entre los alumnos y los padres del instituto por tratar la matanza como un problema de salud mental y no de acceso desregulado a armas pesadas, así como por instrumentalizar el error del FBI al no investigar a Cruz para atacar a la agencia en relación al caso de la trama rusa. El domingo en el funeral de Jaime Guttenberg, que murió a los 14 años por un balazo del AR-15 de Cruz en la espalda, su padre Fred estalló y gritó ante los asistentes: "¡A mí no va a venir nadie a decirme que no existe la violencia por las armas!".

"Si alguien va a lograr un cambio, creo que va a ser Parkland", dijo a este periódico Nicole Suárez, de 15 años y superviviente de la matanza.

"Tenemos la fuerza suficiente para crear un movimiento nacional. Somos una comunidad muy unida con muchos estudiantes y padres de familia. Tenemos que hacerle ver a Trump que sus condolencias no son suficientes. Las condolencias no evitan que se vendan fusiles".

Nicole, hija de colombianos, estaba el día de los asesinatos en el edificio donde Cruz desató la pesadilla. Se encerró con medio centenar de compañeros en un aula. "Él [Cruz] estaba fuera gritando y disparando. Escuchamos que llamaban a nuestra puerta. No sabemos si era él o si eran chicos que intentaban entrar", contó la alumna, que sostiene que es necesario contar lo que vivieron para convencer a la opinión pública de la gravedad problema. "Ni los que están a favor de las armas ni los de la Asociación Nacional del Rifle han vivido esta experiencia. No se imaginan qué es pasar por algo así".

El activismo contra las armas bulle y, mientras tanto, la historia del último asesino en masa estadounidense sigue su curso judicial. Este lunes Nikolas Cruz volvió a comparecer ante la juez. Vestido con un uniforme rojo de preso, estuvo varios minutos sentado sin decir nada. No levantó la mirada. En su rostro agachado era difícil percibir otra emoción que un mutismo sordo. Al final se levantó, encorvado, enclenque, y se lo llevaron los guardias de seguridad. Sobre él pesan 17 homicidios en un Estado, Florida, que aplica la pena de muerte.

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