Theme Layout

Theme Translation

Trending Posts Display

Yes

Home Layout Display

Posts Title Display

404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page
El Ministerio de Economía debitó de forma arbitraria a la Gobernación de Tarija 18 millones de bolivianos para transferirlos a los municipios de Yunchará y San Lorenzo bajo el pretexto de dar cumplimiento a la Ley del 8%. Motivo por el cual, el gobernador, Adrian Oliva Alcázar envió una carta al presidente Evo Morales Ayma, solicitándole una audiencia con carácter de urgencia, para tratar esos débitos considerados ilegales.

Desde el ente departamental advierten que existe un despropósito jurídico; además que dicha situación podría acarrear consecuencias de carácter social en el Departamento.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, informó que este miércoles conocieron una nota firmada por la Dirección de Asuntos Financieros Territoriales dependiente del Ministerio de Economía en la ciudad de La Paz, donde detallan que se dispusieron dos débitos automáticos tramitados a solicitud de los alcaldes, Gladys Alarcón de Yunchará y Miguel Ávila de San Lorenzo.

García indicó “hemos realizado un análisis de la tramitación de estos débitos y jurídicamente consideramos es un despropósito lo realizado, tomando en cuenta que hasta un estudiante de derecho conoce que la ley tiene vigencia desde la fecha de su publicación. Sin embargo, en este caso, se le está dando vigencia a la Ley desde su promulgación, cuando la Constitución Política del Estado CPE es absolutamente clara en cuanto a que nace a la vida jurídica una norma al ser publicada en la Gaceta Oficial”.

García señaló que los municipios de Yunchará y San Lorenzo han tramitado ilegalmente estos débitos omitiendo cumplir el Decreto Departamental 02/2018, ya que la Ley del 8% ha sido reglamentada mediante el mencionado Decreto.

Sin embargo, los municipios han desobedecido este instrumento jurídico reglamentario de carácter obligatorio, por lo que independiente de las acciones administrativas que se están asumiendo en el Ministerio de Economía para poder revertir esta circunstancia; también se dispuso la remisión de los antecedentes para estos funcionarios públicos, de los mencionados Gobiernos municipales, que han emitido informes técnicos ilegales contrarios a la CPE.

“De la misma manera se está cursando una nota a estos dos Gobiernos municipales, haciéndoles notar cuales han sido los hechos cuestionados en su tramitación, recomendándoles no hagan uso de los recursos que han sido ilegalmente debitados porque eso les va generar responsabilidad por la función pública”, remarcó García.

El Secretario de Justicia detalló que un análisis de transferencia, que realizaron a los dos Gobiernos municipales, estos inducen a cometer errores al Ministerio de Economía, porque traslada la vigencia de la Ley desde abril del 2017, cuando la norma recién ha sido publicada en enero del 2018.

Sostuvo “por lo tanto, surgen gravísimas observaciones jurídicas que van a posibilitar que como Gobernación activemos todos los mecanismos jurídicos a nivel administrativo”.

El secretario de Economía de la Gobernación, Manuel Figueroa, indicó que el actuar del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es un “golpe” a la autonomía administrativa y financiera del Gobierno departamental, ya que durante los últimos dos años, como autoridades de turno, lo que se realizó fue desarrollar un arduo trabajar para dar continuidad a las obras que se encontraban paralizadas, debido a la mala administración que dejó el interinato del exgobernador Lino Condori.

Acotó “el proyecto de reactivación comienza a dar al Departamento la recuperación de la crisis la que nos heredó la anterior gestión; sin embargo, nuevamente recibimos un atentado por el nivel central, ya que debido a una visión partidaria quieren que Tarija continúe postergado bajo una consigna política. Por tanto, es lamentable que todo el trabajo que se realizó se tenga que ver afectado por este tipo de acciones”.

No obstante, Figueroa señaló que un débito automático pone en riesgo al Plan de Reactivación, ya que se están disponiendo recursos del Gobierno departamental para transferir, de manera arbitraria, a los Gobiernos municipales (Yunchará y San Lorenzo)y ello afecta directamente a la inversión pública.

Sin embargo -expresó el secretario- los proyectos que se encontraban suscritos en el POA de esta gestión 2018 pueden verse afectados, ya que al quitar recursos del Gobierno departamental “rompen con todo tipo de planificación de los ingresos que se recibe”, considerando que los mismos ingresan de manera mensual y que estos ya se encuentran programados para cancelar carteras que fueron asumidas, tanto de créditos como de carteras de proyectos que se encuentran en ejecución.
7/TENDENCIAS/carousel