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El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, lamentó que tanto el presidente Evo Morales como el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, no hayan dado ninguna respuesta a las llamadas de convocatoria de reunión que solicitó el gobernador de Tarija con anterioridad sobre el débito automático de 18 millones de bolivianos; sin embargo, la autoridad anunció que iniciarán un proceso penal contra la funcionaria que autorizó la acción y los solicitantes.

“La Gobernación tiene que concluir un trámite administrativo, ya se envió notas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hoy salió otra nota al ministro (Guillén). Estamos agotando la vía administrativa y vamos a iniciar un proceso penal contra la funcionaria que ha decidido la trasferencia de esos débitos automáticos a dos municipalidades y obviamente a ellos que han hecho la solicitud”, argumentó la autoridad.

Ardaya señaló que a pesar de los esfuerzos del gobernador Adrián Oliva, quien se trasladó a la ciudad de La Paz, la anterior semana, para solicitar una reunión con el presidente Evo Morales o el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, no se obtuvo ninguna respuesta de confirmación a dicha reunión. “Ni la molestia de responder el teléfono”.

Bajo ese marco, calificó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de ser una “comisaría” al servicio de las instrucciones de políticos del Movimiento Al Socialismo MAS, tanto para alcaldes, concejales, asambleístas, diputados como senadores afines con el partido. “Son ellos los que instruyen todas las acciones confiscatorias y represivas contra la Gobernación de Tarija”, concluyó

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