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Una profesional abogada se sumó ayer a las denuncias de “cobros irregulares por pegas” que apuntan a la asesora del canciller Fernando Huanacuni, y anunció que junto a otras víctimas coordinan una acción conjunta para presentar el lunes una denuncia formal a mala práctica que opera bajo el mismo esquema que le tocó vivir a otra abogada contratada para la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Un puesto de trabajo en Oruro. La abogada tomó contacto con Erbol y pidió reserva de identidad para explicar que fue víctima de similar “modus operandi” pero está vez ya no para la Cancillería, sino para un puesto en trabajo en la Caja de Caminos de Oruro.

Dijo que coincidentemente que en ambos casos se trata de la persona identificada como Fabiola Elena M.G. a quien considera una profesional con un puesto muy reconocido, pero que lamentablemente se somete a este tipo de fraude y prácticas indignantes para aprovecharse de las personas que tienen necesidad de trabajo.

Denuncian amenazas. Explicó que a ella le ofrecieron trabajo como asesora legal, pero al principio no le dieron el cargo, porque debía pagar para una organización del MAS. “Fue una entrada que ella me pidió y por respeto no le voy a decir el monto, me pidió y le entregué”, manifestó.

“A mí me hizo lo mismo, me pidieron dinero, al mes ya me aburrieron, me hostigaron, me trataron mal verbal y psicológicamente. Renuncié y al poco tiempo me amenazaron para que no haga ningún tipo de denuncia, porque yo ya estaba empezando mi denuncia”, declaró.

Entrega de los tres primeros sueldos. “Recibí amenazas de la doctora M. y de su esposo que es Jefe Médico en la Caja de Caminos de Oruro, Osman Quintana”, manifestó al precisar que cuando fue apalabrada para el trabajo en la Caja de Salud, la actual asesora le anticipó que debía entregar el sueldo de los tres primeros meses en calidad de aporte al partido o dar un pago equivalente a los tres sueldos por el puesto de trabajo.

Sostuvo que en Oruro hay otra persona que está dispuesta a decir su verdad y poner en evidencia a los esposos que -según la entrevistada – son dedicadas al cobro por los trabajos en el sector estatal.

974 Ley

que activa su competencia cuando el daño es de un millón de dólares.

30 Mil bolivianos 

es el cobro realizado por la venta de un cargo en julio de 2017.

Alertan represalias y despidos tras la denuncia

Tras haberse hecho público un proceso de investigación sobre cobros irregulares que involucran a la asesora jurídica Fabiola Elena M.G., la inestabilidad laboral en la Unidad de Gestión Jurídica creció. Hasta ahora hay varios abogados despedidos por considerarlos sospechosos de haber filtrado la documentación, informaron a Erbol. Con el argumento de reestructuración interna, la investigación contra la asesora por haber cobrado 30.000 bolivianos, quedó virtualmente paralizada.