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El abogado Franco Albarracín observó “una violación al debido proceso por la cantidad de audiencias suspendidas y la notable parcialización del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia” en el juicio.

CA

El abogado y exjuez, Roger Valverde, sostuvo que la parte coadyuvante en un juicio debería velar porque se precautelen los derechos de las partes en conflicto y no ejercer presión como en la actualidad ocurre.

Valverde dijo que si bien la norma establece que algunos ministerios pueden ser coadyuvantes en algunos casos que tienen relevancia para el Estado, como participa el Ministerio de Justicia en el caso Alexander, desgraciadamente se convierte en mecanismo de presión y amenaza contra las autoridades judiciales.

“Ahora se ha distorsionado totalmente el tema de la víctima, antes estaba muy definida la participación del Estado, hoy no es así, y en la mayoría de los casos donde participa el Órgano Ejecutivo se convierte en un mecanismo de presión y amenaza en contra del Ministerio Público y del Órgano Judicial”, manifestó Valverde.

Para no ser vistos de esta manera, dijo, estos órganos coadyuvantes “deberían hacer todo el esfuerzo para que se lleven a cabo las audiencias, ahí demostrarían que no están presionando al Ministerio Público ni al Órgano Judicial, demostrarían su imparcialidad y su transparencia en el actuar como coadyuvantes”.

El Ministerio de Justicia es parte coadyuvante en el juicio del caso Alexander, sin embargo fuentes allegadas al proceso contaron que esta cartera de Estado con cinco abogados y dos autoridades se oponen a las solicitudes de los denunciados, tal como lo hace el Ministerio Público.

También observaron que la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, se refiera sobre el caso a un “niño víctima de violación sustanciada”, adelantando criterio y mostrando parcialización, más aún cuando el Ministerio Público no desvirtuó las acusaciones de violación contra el médico Jhiery Fernández, según cita El Diario.

Valverde remarcó que la función del coadyuvante debería ser “precautelar los derechos de ambas partes, tanto de la parte imputada como de la parte querellante, porque para eso está el Órgano Ejecutivo y los demás órganos también, no solamente deben velar por una de las partes sino por ambas, y en ese sentido dejaría de convertirse en un mecanismo de presión”.

En el caso Alexander, en dos años y dos meses de juicio, se contabilizaron más de 230 audiencias suspendidas, aunque el Tribunal hizo un recuento de al menos 60. Según una fuente allegada a la Fiscalía, el 33% de las suspensiones corresponden al Ministerio Público, 29% a la falta de secretaria y atribuible al Tribunal Departamental de Justicia, 12% a la Defensa Pública dependiente del Ministerio de Justicia, entre los principales, y ninguna parte coadyuvante se preocupó por esta situación.

Para el abogado de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Franco Albarracín, en base al seguimiento del caso que realizó, dijo que observó “una violación al debido proceso por la cantidad de audiencias suspendidas y la notable parcialización del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia” en el juicio en contra de los acusados.

“Este derecho implica el respeto a algunas garantías. Por ejemplo el plazo razonable que debe durar un juicio y eso se vulnera pues sigue detenido preventivamente (Jhiery Fernández), el principio de inocencia, el derecho a un proceso público, que también se vulnera pues el juicio fue declarado en reserva sin que exista un peligro para algún menor de edad, tomando en cuenta que el menor de edad lamentablemente ha fallecido”, argumentó el jurista.

Fuente/ANF
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